Intendentes de distintos puntos del país analizan avanzar con una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de un conflicto por la retención de fondos destinados a infraestructura vial.
El reclamo es impulsado por la Federación Argentina de Municipios, que ya presentó un documento formal ante el Gobierno nacional y mantiene reuniones con asesores legales para definir los próximos pasos. Según plantean, la falta de respuestas podría derivar en una presentación en la Justicia por presunta malversación de caudales públicos.
El eje del conflicto radica en los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse al financiamiento de obras de infraestructura de transporte, principalmente vial. Los intendentes sostienen que esos fondos no están siendo transferidos como corresponde, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas, calles y accesos en distintas localidades.
De acuerdo con la normativa vigente, una parte de lo recaudado se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un porcentaje limitado para obras ferroviarias y el resto asignado a obras viales. Sin embargo, los jefes comunales denuncian que esos recursos no están llegando a destino, lo que genera un freno en proyectos clave y un deterioro en la red vial.
En ese sentido, señalaron que durante el último año se recaudaron cifras millonarias por este concepto, pero una porción significativa no fue transferida a los organismos encargados de ejecutar las obras. Esta situación, advierten, afecta de manera directa a las comunidades y podría configurar un uso indebido de fondos públicos.
Además, algunos intendentes sostienen que los recursos retenidos podrían estar siendo utilizados con otros fines, incluso en operaciones financieras, lo que incrementó la tensión con el Gobierno nacional.
Frente a este escenario, los municipios reclaman una instancia de diálogo urgente para normalizar el flujo de fondos. No obstante, anticiparon que, de no haber una respuesta concreta en el corto plazo, avanzarán con una denuncia judicial que podría escalar el conflicto político entre las administraciones locales y la Nación.
