El gendarme argentino Nahuel Gallo dio un paso más en su intento por que se investigue lo que vivió en Venezuela: este viernes se presentó ante la Justicia federal como querellante en la causa que apunta contra Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La movida llega poco más de un mes después de su liberación, tras haber pasado 448 días detenido en ese país. Gallo busca ahora ser reconocido formalmente como víctima dentro del expediente, que se tramita en tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal.
Su detención se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando fue arrestado al ingresar a Venezuela, acusado de espionaje y conspiración. Durante ese tiempo estuvo alojado en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, y —según se conoció tras su regreso— permaneció largos períodos incomunicado y sin contacto regular con su familia ni asistencia consular.
Ya de vuelta en el país, Gallo decidió avanzar por la vía judicial para denunciar lo que considera violaciones a los derechos humanos durante su cautiverio. En ese marco, además de pedir ser parte activa de la causa, puso el foco en una situación más amplia: la de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Su reclamo es claro: que esos casos también sean visibilizados y que quienes siguen presos recuperen la libertad.
Su historia no es un hecho aislado. En los últimos meses, se registraron liberaciones de detenidos en Venezuela en medio de un proceso más amplio, aunque organismos internacionales advierten que todavía hay personas privadas de su libertad por razones políticas.
El caso de Gallo tuvo impacto internacional y se convirtió en un punto de tensión en la relación entre Argentina y Venezuela. Ahora, con esta presentación judicial, el gendarme busca que su experiencia no quede solo en un episodio personal, sino que impulse una investigación más amplia sobre lo ocurrido.
