El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario con el objetivo de que la Corte Suprema intervenga y suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto por los fondos destinados a las casas de estudio.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, como paso previo para que el caso llegue al máximo tribunal. El planteo apunta específicamente a frenar los artículos centrales de la norma, que establecen la actualización de salarios docentes y no docentes, así como el refuerzo de partidas para el funcionamiento universitario.
El recurso fue presentado en un momento clave, poco antes de que venciera el plazo judicial que obligaba al Estado a comenzar con las transferencias correspondientes a las universidades nacionales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley resulta de difícil cumplimiento porque no define con precisión de dónde deben salir los recursos necesarios para afrontar el gasto. En ese sentido, advierten que su aplicación implicaría un fuerte impacto fiscal y pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
La normativa, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, establece mecanismos para recomponer salarios y garantizar el financiamiento del sistema universitario. Sin embargo, su implementación quedó atravesada por una disputa judicial que ya había derivado en fallos que ordenaban al Gobierno cumplir con lo dispuesto.
Con este nuevo paso, la definición queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si hace lugar al planteo oficial y suspende la aplicación de la ley. Mientras tanto, el conflicto mantiene en tensión al sistema universitario, especialmente en lo referido a salarios, becas y condiciones de funcionamiento.
