El tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para habilitar el uso de dólares no registrados en la economía formal se postergará hasta la próxima semana. La iniciativa, que busca facilitar el ingreso de divisas no declaradas al circuito legal, todavía no cuenta con los votos necesarios dentro de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, lo que frena su avance hacia el recinto.
La principal traba para el oficialismo se da precisamente en esa comisión, presidida por el economista José Luis Espert. De los 49 integrantes del cuerpo, 20 pertenecen a Unión por la Patria (UxP) y uno a la izquierda, lo que obliga a La Libertad Avanza a conseguir al menos 21 firmas propias para forzar un empate y habilitar el dictamen con el voto del presidente.
Para que la iniciativa obtenga despacho, es necesario reunir 25 firmas entre todos los bloques. Sin embargo, desde UxP ya anticiparon que no presentarán dictamen propio ni firmarán el del oficialismo mientras este no consiga ese número mínimo. De este modo, el Gobierno necesita no solo garantizar 21 respaldos en su despacho, sino también lograr que algunos bloques alternativos firmen en disidencia o impulsen dictámenes propios.
El proyecto, además de regularizar fondos, introduce cambios clave en materia fiscal. Propone elevar de 1,5 millones de pesos a 100 millones el piso desde el cual la AFIP debe investigar posibles maniobras de evasión simple, y de 15 millones a 1.000 millones el umbral para considerar una evasión como agravada.
También se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. A su vez, se crea un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permite a quienes adhieran —con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos— estar exentos de declarar variaciones patrimoniales o justificar consumos. Bajo esta modalidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) solo cobrará el impuesto sobre lo facturado, deduciendo de esa base los consumos, sin controlar otros movimientos financieros.
Desde el oficialismo aseguran que este régimen blindará “para siempre” a los contribuyentes que se incorporen, con el objetivo de ampliar la base fiscal sin recurrir a medidas coercitivas.