La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta maniobra de evasión tributaria vinculada al uso de facturación apócrifa y operaciones destinadas a ocultar el destino final de fondos por más de $289 millones.
La presentación judicial apunta tanto a la entidad como a “quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores” de los hechos investigados. Según el escrito elaborado por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, la AFA habría utilizado proveedores presuntamente ficticios para justificar movimientos económicos y encubrir a los verdaderos receptores del dinero.
La investigación abarca los ejercicios fiscales 2024 y 2025 e involucra un monto total de $289.336.519,66. Además, el organismo solicitó que se evalúe la posible existencia de una asociación ilícita fiscal.
De acuerdo con la denuncia, las irregularidades surgieron tras una fiscalización sobre créditos fiscales considerados improcedentes y operaciones realizadas con empresas incluidas en bases de contribuyentes sospechados de emitir comprobantes falsos.
Entre las firmas bajo análisis aparecen Consultek Consultoría y Servicios SRL, ID Constructoras, Central Hotel SRL, Meroka SRL, Construcciones Far West SRL, Maxstore SA y Logística Winter SRL, entre otras.
A partir de esas inconsistencias, ARCA avanzó con inspecciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias, IVA y salidas no documentadas correspondientes a los períodos 2023 y 2024.
El organismo también requirió documentación sobre obras y trabajos realizados en el predio que la AFA posee en Ezeiza, además de información sobre ingresos y egresos de personas relacionadas con las empresas observadas.
Desde la entidad presidida por Claudio Tapia señalaron que parte de la información solicitada resultaba difícil de reconstruir debido al intenso movimiento registrado en el predio durante esos años.
Según explicó el apoderado de la AFA, entre 2023 y 2024 hubo un flujo constante de vehículos, personal y delegaciones nacionales e internacionales, además de trabajadores tercerizados. También sostuvo que muchas de las contrataciones investigadas se realizaron bajo la modalidad “llave en mano”, lo que implicaba cambios permanentes de personal durante la ejecución de las obras.
Como parte de la investigación, ARCA solicitó además informes a distintas entidades bancarias para rastrear pagos, transferencias y movimientos financieros. Entre los bancos requeridos figuran Santander, BBVA, Banco Galicia, Banco Comafi, Banco Credicoop, Banco Supervielle y Banco Patagonia.
Según el análisis del organismo recaudador, cerca del 23% de las operaciones cuestionadas fueron abonadas mediante transferencias bancarias, mientras que más del 77% restante se canceló con cheques.
La denuncia también pone el foco en los sucesivos endosos de esos cheques, una maniobra que los investigadores consideran clave para reconstruir la trazabilidad del dinero e identificar a los beneficiarios finales de las operaciones observadas.
Para ARCA, la documentación bancaria y los movimientos contables relevados representan “elementos probatorios relevantes” dentro de la causa y refuerzan las conclusiones preliminares de la fiscalización.
Con información de TN
