En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación. La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, que ajusta partidas por más de $2,5 billones en distintas áreas del Estado y vuelve a tensar la relación con las universidades y el sistema educativo.
Aunque la poda representa un 1,2% del presupuesto vigente de Educación, el impacto sobre programas específicos es mucho más profundo. Uno de los sectores más afectados es el Plan Nacional de Alfabetización, que pierde más de $35 mil millones destinados a transferencias para las provincias. Se trata del recorte más grande dentro del paquete de ajuste.
Otro golpe fuerte alcanza al Fondo de Compensación Salarial Docente, eliminado por completo. El fondo garantizaba un piso salarial para docentes provinciales y su eliminación implica una quita cercana a los $9 mil millones, afectando especialmente a las jurisdicciones con mayores dificultades financieras.
El ajuste también impacta sobre infraestructura escolar, equipamiento y políticas socioeducativas. En total, esos programas sufren una reducción de más de $21 mil millones. Dentro de ese esquema, las becas estudiantiles pierden más de $559 millones, lo que golpea directamente a estudiantes de menores recursos.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. tampoco queda afuera del recorte. El Gobierno reduce en $48 mil millones las transferencias destinadas al sostenimiento de contenidos y plataformas educativas digitales utilizadas en todo el país.
Las universidades nacionales también aparecen alcanzadas por el ajuste. La decisión administrativa suspende transferencias de capital para obras de infraestructura por más de $5.300 millones en trece universidades públicas.
La más afectada es la Universidad Nacional de La Plata, que pierde más de $1.043 millones para obras. Detrás aparecen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700 millones cada una. También se registran fuertes quitas en las universidades de Río Cuarto y Entre Ríos.
El escenario se vuelve aún más crítico al comparar las cifras con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y rechazada por el Gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si esa norma estuviera vigente, el presupuesto universitario alcanzaría los $8,49 billones.
En cambio, el esquema impulsado por el Ejecutivo llevaría el crédito a $5,51 billones, una cifra que, medida en términos reales, representa una caída del 33,9% respecto de 2023. La diferencia entre ambos escenarios deja a las universidades con un presupuesto 35,1% menor al previsto por la ley sancionada por el Congreso.
