El Gobierno nacional reglamentó este viernes buena parte de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei y oficializó una serie de cambios que impactarán de lleno en trabajadores, sindicatos y empresas. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 406, 407, 408 y 409, que establecen cómo comenzarán a aplicarse distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral aprobada el año pasado.
Entre las modificaciones más relevantes aparece un nuevo esquema de registración laboral. Desde ahora, las altas y bajas de empleados quedarán centralizadas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y ya no será obligatorio llevar libros laborales físicos o digitales. Según el Gobierno, el objetivo es simplificar trámites y reducir cargas administrativas para los empleadores.
La reglamentación también introduce cambios en los recibos de sueldo. Las empresas deberán detallar con mayor precisión cuánto cuesta cada puesto de trabajo, incluyendo aportes sindicales, contribuciones patronales, obra social, ART y otros conceptos vinculados a la relación laboral. La intención oficial es que cada trabajador pueda conocer con claridad cuánto cobra y cuánto desembolsa la empresa por su contratación.
Otro de los puntos centrales es la digitalización de las licencias médicas. A partir de ahora, los certificados que indiquen reposo laboral deberán emitirse de manera electrónica mediante plataformas autorizadas y con firma de profesionales habilitados. Solo se aceptarán certificados en papel en situaciones excepcionales, como fallas técnicas o problemas de conectividad.
La reforma también avanza sobre la actividad sindical. El Gobierno estableció que los cuerpos directivos de los gremios deberán guardar una proporción razonable con la cantidad de afiliados cotizantes y habilitó controles cruzados con registros oficiales para verificar los padrones sindicales.
Además, se fijaron nuevas condiciones para el reconocimiento de personerías gremiales: un sindicato que aspire a representar una actividad deberá demostrar que supera al ya existente por al menos un 5% de afiliados aportantes.
En paralelo, se modificaron las reglas sobre licencias gremiales. Los representantes sindicales deberán informar con 48 horas de anticipación el uso de horas sindicales y no podrán afectar sectores considerados críticos dentro de las empresas.
Otro capítulo importante apunta a los convenios colectivos. La reglamentación limita las cláusulas que establezcan aportes obligatorios a sindicatos, cámaras empresarias u otras entidades, y aclara que el Estado no homologará acuerdos que excedan los topes previstos por la ley.
La nueva normativa también flexibiliza el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales. Se amplían los casos en los que podrán contratar personal temporario, incluyendo aumentos transitorios de producción, incorporación de nuevas tecnologías, reemplazos o eventos específicos.
En cuanto al trabajo por aplicaciones, el Ejecutivo designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para los servicios de reparto y movilidad operados mediante plataformas digitales, uno de los puntos que más debate generó durante la discusión de la reforma.
Por otra parte, mediante el Decreto 408/2026, el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta pensada para ayudar a financiar indemnizaciones. El sistema funcionará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos supervisados por la Comisión Nacional de Valores y cada empresa tendrá una cuenta individual destinada a cubrir futuras desvinculaciones.
La reglamentación aclara que solo estarán alcanzados los trabajadores registrados correctamente al menos un año antes de finalizar la relación laboral y que la responsabilidad del cálculo indemnizatorio seguirá siendo exclusiva del empleador.
Además, el Ejecutivo puso en marcha un régimen de regularización laboral destinado a incentivar el blanqueo de trabajadores no registrados. El esquema contempla importantes reducciones de deuda previsional para empresas que formalicen empleados, con condonaciones que van del 70% al 90% según el tamaño de cada firma.
Las deudas vinculadas a obra social, ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio tendrán una condonación total, mientras que el saldo restante podrá financiarse mediante planes de pago.
La reglamentación también incluyó cambios tributarios vinculados al mercado inmobiliario. Desde enero de 2026 quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias las rentas provenientes del alquiler de viviendas destinadas a casa habitación, incluso en contratos firmados con anterioridad.
Con esta batería de decretos, el Gobierno comienza a poner en marcha uno de los paquetes de reformas más discutidos desde la llegada de Milei a la presidencia. La implementación abre una nueva etapa marcada por el debate entre empresarios, gremios y especialistas sobre el alcance real de los cambios y su impacto en el mercado laboral argentino.
