La causa por las órdenes truchas en la OSEP es un episodio en el que la codicia, la inoperancia y la desidia se mezclan para dar lugar a situaciones gravísimas en las que lo político, lo judicial y lo ético quedan expuestos en sus versiones más lamentables. No solo por el tiempo transcurrido sin que se resuelva el proceso legal, sino porque de forma subyacente, y mutando en sus manifestaciones, las miserias y los vicios persisten.
En el año 2013, una denuncia por facturaciones irregulares a la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca disparó una investigación judicial. Una causa que, si fuera un humano, ya estaría en la adolescencia. Proceso que deambula por los vericuetos y resquicios judiciales que, en nombre de las garantías y el debido proceso, postergan tanto su resolución que lo arriman a la impunidad.
Lo triste y preocupante es que, durante estos 12 años de indignante indefinición judicial, las condiciones y conductas que permitieron la defraudación investigada continúan. Sutiles, menos escandalosas, pero en un derrotero pertinaz.
Los hechos juzgados, facturar fraudulentamente a la obra social, desnudan un nivel de inmoralidad y avaricia de los profesionales médicos difícil de conciliar con la reputación y autoridad que se les asigna en el imaginario popular. Pero no distan mucho de otras prácticas vigentes, igual de ilegales y deshonestas, como la del cobro del plus médico. Una imposición abusiva y despojada de toda ética, solo sostenida desde las ansias insensibles de mayores ganancias.
La desvergüenza de los médicos procesados también se refleja en los insistentes intentos de evadir la mácula de la condena, pero con el menor costo económico posible. Para ilustrarlo, la defraudación auditada a la OSEP en el momento de la denuncia ascendía a unos 72.100 pesos argentinos, unos 13.156 dólares a la cotización de ese entonces. Hace unas semanas, en su pedido de suspensión de juicio a prueba, los médicos ofrecieron 15.300.000 pesos, es decir 10.736 dólares. Su propuesta es devolver, 12 años después, menos de lo que defraudaron. Desesperados por evitar el juicio, pero más desesperados por el dinero.
En todos estos años tampoco cambió la desidia del Estado para proteger sus recursos. Negligencia (o complicidad) que permitió a los facultativos crear un sistema corrupto en el que cobraban prestaciones fantasma o facturaron múltiples veces la misma orden para inflar sus ingresos. Indolencia que hoy deja a la Provincia como un espectador ajeno al proceso judicial.
Cabe apuntar, por si alguien menos informado no lo sabe, que la investigación, primero administrativa y luego judicial, se disparó por una denuncia del Círculo Médico, que detectó las graves irregularidades que a los sistemas de control interno de la OSEP increíblemente le pasaron desapercibidas. Denuncia al que le siguieron, en los meses posteriores, el descubrimiento de más mecanismos de defraudación, desmantelados durante el proceso interventor ejecutado por Julio Cabur.
Hoy, con la misma pasividad, la OSEP se mantuvo aparte del proceso judicial, sin intervenir como querellante, renunciando a la posibilidad de robustecer la pesquisa que debería reparar el perjuicio económico que ese circuito fraudulento le provocó.
Mientras tanto, en otra manifestación de la misma incompetencia, ni el Estado, ni la Justicia, ni ningún organismo de control, logra desactivar el cobro antiético, que ellos mismos tipificaron como ilegal y prohibieron con la Ley Antiplus, pero que no se ocupan de perseguir. Una doble estafa, al afiliado que paga rehén de los médicos, y al fisco, por un enorme ingreso en negro por el que no se tributa ni 5 centavos.
En estos días, el fiscal de la causa, Augusto Barros, tiene que decidir si acepta el irrisorio ofrecimiento resarcitorio de los médicos. Quizás lo rechace por insuficiente, caiga la probation y los médicos finalmente sean juzgados y condenados.
La reparación exageradamente postergada se parece mucho a la impunidad. Y, cuanto más se demore, más alienta la codicia, la inoperancia y la desidia. Porque, como reza el refrán, “El que no castiga el mal, ordena que se haga”.
Los médicos imputados y sus ofrecimientos
A continuación, el detalle de los profesionales acusados por “fraude en perjuicio de la administración pública” en concurso ideal con “uso de instrumento privado adulterado”, y el dinero que proponen pagar como resarcimiento:
* Marcelo González (defendido por Luciano Rojas): habría cobrado $10.000 — ofrece $3.000.000.
* Bruno Ariel Robledo (defendido por Herman Zalazar): habría cobrado $12.000 — ofrece $2.300.000.
* Alejandro Codigoni (defendido por Jorge Bracamonte): habría cobrado $10.000 — ofrece $2.100.000.
* Marcelo Eduardo Ubaid (defendido por Claudio Contreras): habría cobrado $5.000 — ofrece $1.000.000.
* Nelson Walter Silva (defendido por Claudio y Fernando Contreras Del Pino): habría cobrado $7.900 — ofrece $1.500.000.
* Juan León Córdoba Bustos (misma defensa que Silva): habría cobrado $10.200 — ofrece $2.000.000.
* Hugo Pacheco (defendido por Jorge De la Fuente): habría cobrado $7.000 — ofrece $1.300.000.
* Lilian Pennise: habría cobrado $10.000 — ofrece $2.100.000.
El monto total del resarcimiento asciende a $15.300.000, y sería recibido por la OSEP, que no se constituyó como querellante en la causa.
