Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en las calles de Madrid para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una protesta marcada por fuertes consignas contra el oficialismo y por el creciente clima de polarización política que atraviesa España.
La convocatoria, denominada “Marcha por la Dignidad”, fue impulsada por la plataforma Sociedad Civil Española y contó con el respaldo de dirigentes del conservador Partido Popular y del partido de derecha Vox. La movilización comenzó en la Plaza de Colón y avanzó hacia las inmediaciones del Palacio de La Moncloa, residencia oficial del presidente español.
Durante la protesta, los manifestantes exhibieron banderas españolas y carteles con mensajes contra el Gobierno socialista. Una de las consignas más repetidas fue que “España está secuestrada por una mafia corrupta”, frase que se convirtió en uno de los lemas centrales de la jornada.
Según datos difundidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, participaron alrededor de 40 mil personas, aunque los organizadores aseguraron que la cifra superó los 80 mil asistentes.
Entre los dirigentes presentes estuvieron el líder de Vox, Santiago Abascal, referentes del Partido Popular y figuras del espacio conservador español. Abascal acusó al Gobierno de encabezar una “trama corrupta” y reclamó elecciones anticipadas.
La movilización se produjo en un contexto especialmente delicado para el oficialismo español, atravesado por investigaciones judiciales y denuncias de corrupción que afectan a dirigentes vinculados al Partido Socialista Obrero Español. En los últimos días también tomó repercusión la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una causa relacionada con presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.
El clima de tensión aumentó hacia el final de la jornada, cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse a la sede del Ejecutivo nacional. Allí se registraron incidentes con la policía que dejaron al menos tres detenidos y siete agentes heridos leves, según informaron medios españoles y autoridades locales.
Desde el entorno de Sánchez minimizaron el impacto político de la movilización y denunciaron una estrategia de desgaste impulsada por la oposición. El Gobierno español sostiene además que varias de las causas judiciales utilizadas contra dirigentes socialistas responden a operaciones políticas y mediáticas.
