El gobierno se reunió con los chinos de Zijin, uno de los tantos grupos extranjeros que se llevan las riquezas catamarqueñas, denunciados por evasores juntos con sus socios de Liex, porque necesitan que el gobierno siga haciendo la vista gorda.
La excusa de la reunión fue hablar de la “Actualización del Informe de Impacto Ambiental de Exploración”, un tema que se reduce a un trámite porque mientras le aseguren un par de beneficios el gobierno aprueba todo… ¿o cuándo echaron a una minera? Jamás. Ni siquiera cuando les roban delante de sus narices. No les importa.
Pero vamos a ver un poco más en serio el tema del impacto ambiental, porque hacen mucha publicidad con que el litio no afecta en nada. Bueno, no se preocuparon por el cianuro que usaban otros, menos se van a preocupar por el litio. El tema es que sí contaminan.
En el país, los salares que contienen el litio disuelto en salmuera están ubicados al noroeste en las ecorregiones de la Puna y de los Altos Andes, y junto con lagunas, vegas y bofedales (ecosistemas que regulan, almacenan y filtran el agua en las zonas altas) conforman los humedales de altura que son ecosistemas extremadamente frágiles y complejos, situados a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.
“En estas regiones la aridez es extrema, el balance hídrico es negativo, con lo cual el agua es un bien limitado y clave para la supervivencia y el funcionamiento de los ecosistemas”, explicó María Laura Castillo, coordinadora del Programa Altoandinos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Por su parte, Verónica Kwaterka, hidrogeóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Programa de Ambiente y Política de la Universidad Nacional de San Martín sostuvo que los humedales altoandinos están conformados por vegas o mallines que se desarrollan en la cercanía de los ríos y en zonas de manantiales donde surge el agua de los acuíferos: “Son como oasis dentro del clima árido de la Puna, cuya relevancia reside en que alojan gran biodiversidad”.
Kwaterka participó del estudio “Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina” (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International), donde se advierten los impactos ambientales de la minería de litio.
Entre ellos:
* salinización de suelos y humedales
* contaminación de suelos con residuos peligrosos
* modificación del flujo natural superficial del agua
* alteración del balance hídrico
* afectación de la flora autóctona.
“La construcción de caminos e infraestructura minera modifica los sistemas de drenaje de la cuenca. Además, cuando se extrae más agua de la que entra a la cuenca por lluvias, las reservas de agua dulce se salinizan porque se mueven hacia la zona central de la cuenca donde está la salmuera (agua con altísima salinidad)”, explicó Kwaterka.
En la actualidad el proceso de extracción de litio implica el bombeo de la salmuera (agua con litio y otros minerales) que luego se vuelca en grandes piletones para su evaporación. En este proceso se pierden grandes volúmenes de agua, como así también en el posterior procesamiento para obtener el carbonato de litio.
Un reciente estudio de investigadores del Conicet analizó el consumo de agua para el proyecto Olaroz, actualmente en producción en la provincia de Jujuy, y estimó que –por cada tonelada de litio- se consumen alrededor de 584 mil litros de agua. Otros estudios dan consumos mucho más altos.
El riesgo de agotamiento de las reservas de agua dulce en la zona dónde se asientan las comunidades locales, tanto para consumo doméstico como para las actividades ganaderas y agrícolas, es uno de los principales impactos sociales de la minería del litio. A esto se suma la alteración del paisaje -que afecta al turismo- y de la actividad minera tradicional de la “cosecha de sal”.
A los impactos ambientales y sociales que advierten especialistas, se suman la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los “controles” livianitos de los gobiernos provinciales.
La Ley 24.585 de Protección Ambiental de la Actividad Minera establece que las empresas mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad un informe de impacto ambiental, un documento técnico donde dicen qué van a hacer, cuál es el área afectada, cuál va a ser el impacto y cómo van a mitigarlo.
“El problema es que en la Argentina no hay una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que dé una protección estándar en todo el país de cómo debieran ser este tipo de procedimientos. Entonces, algunas provincias son muy laxas en las instancias de evaluación. Termina siendo un formalismo nada más para que el permiso salga y no cumple con todas las etapas y con la profundidad que debieran tener estos procesos”, sostuvo Castillo.
Para la especialista, en ninguna provincia donde existen proyectos mineros de litio en salmuera se evalúan los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos para poder entender qué capacidad tiene cada humedal para soportar estas actividades. Además, tampoco se cumple con el proceso de consulta libre, previa e informada con las comunidades locales, según establece el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También el Acuerdo de Escazú -que Argentina ratificó- busca otorgar garantías a los ciudadanos en 3 ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Lo que se hace en Catamarca es una pantomima de control, y mientras fluya la platita, que hagan lo que quieran. Pregunten sino a los comprovincianos que viven en Fiambalá y la Puna.
El Catucho.
