Legisladores provinciales y nacionales de la oposición denunciaron públicamente al gobernador Raúl Jalil por presuntas maniobras de favoritismo y vínculos comerciales con el empresario Mario Cirigliano en el sector minero.
Según los denunciantes, Jalil habría beneficiado de manera directa a Cirigliano, a quien calificaron como su “mejor amigo y socio comercial”, en el desarrollo de un emprendimiento minero denominado Cerro Atajo, ubicado entre las zonas de Minas Capillitas y Alumbrera. De acuerdo a la denuncia, la empresa estatal CAMYEN habría cedido la explotación del proyecto a una compañía constituida el año pasado, que estaría registrada a nombre de una secretaria del propio Cirigliano.
“Está sumamente comprobado que Raúl Jalil es socio de Frutos del Valle S.A., empresa en la que también participa Cirigliano”, aseguraron los legisladores opositores. Además, señalaron que ambos comparten múltiples viajes al exterior junto a comitivas oficiales del gobierno provincial, lo que consideran un indicio de su sociedad y cercanía personal.
La denuncia presentada incluye cargos por peculado, tráfico de influencias y otros delitos penales. También se cuestiona el rol de la justicia local: “Confío muy poco en la Justicia de Catamarca porque ha sido colonizada por el propio Gobernador”, afirmó el diputado Tiago Puente.
Para el diputado nacional por la UCR, Francisco Monti, esta serie de hechos configuran un grave vaciamiento de la empresa estatal minera CAMYEN.
Monti señaló que la empresa estatal posee como capital concesiones legales de propiedades mineras, entre ellas el yacimiento Cerro Atajo. De acuerdo a la denuncia, el Gobierno provincial habría evitado realizar un proceso de selección transparente para asociarse con una empresa privada y, en su lugar, habría adjudicado derechos de exploración y explotación a Lua Mining S.A., constituida recién en marzo de 2024.
“Un mes después de su constitución ya le estaban entregando derechos sobre Cerro Atajo”, advirtió Monti, quien además remarcó que Lua Mining está integrada por una secretaria del empresario Cirigliano.
“Los vínculos están probados. Tiene que investigar la Justicia”, sostuvo el legislador. Según explicó, el mecanismo consistió en otorgar una valiosa propiedad minera a una empresa sin antecedentes, que luego puede revender esos derechos o negociar con otros actores del sector, generando una enorme ganancia privada a costa del patrimonio público.
“Todo lo que debería ser un negocio positivo para la provincia termina siendo un negocio privado”, expresó.
Monti insistió en la necesidad de que Catamarca recupere la institucionalidad: “Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación, que es hacer las presentaciones correspondientes. Si me llevo por los antecedentes, no conozco una causa de corrupción que se haya investigado decentemente en las últimas décadas, pero no por eso vamos a ser cómplices, no nos vamos a callar”.