La Justicia volvió a fallar a favor del Gobierno en la disputa por la reforma laboral. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) deberá tramitarse en ese fuero y ordenó que el expediente sea trasladado desde la Justicia laboral.
La decisión fue firmada por los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, quienes entendieron que el Estado fue demandado en su carácter de legislador y que el planteo sindical se sustenta en normas de rango constitucional, leyes federales y tratados internacionales. Con ese criterio, concluyeron que la causa corresponde al ámbito contencioso administrativo.
El conflicto se inició cuando la CGT acudió a la Justicia laboral para pedir la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso. En respuesta, el Ejecutivo sostuvo que no se trataba de una disputa típica entre trabajadores y empleadores, sino de una controversia dirigida contra el Estado nacional, por lo que debía intervenir otro fuero.
Los camaristas también señalaron que su decisión busca evitar un conflicto de competencia entre tribunales que pueda demorar el avance del expediente.
El criterio del fiscal y el antecedente previo
Aunque el fiscal del caso había opinado que la causa debía seguir en la Justicia laboral, la Cámara finalmente adoptó la postura oficial. Se trata, además, del segundo fallo favorable al Gobierno en torno a esta reforma impulsada por el presidente Javier Milei.
Antes de esta resolución, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, ya había hecho lugar al planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano. Esa decisión abrió el camino para la intervención posterior de la Cámara.
En su presentación, el Gobierno sostuvo que la CGT cuestionó la ley “sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado”. Según esa interpretación, la sola vigencia de la norma no alcanza para demostrar un daño actual.
Además, el Ejecutivo cuestionó la legitimidad de la central obrera para representar de manera general al conjunto de los trabajadores, al considerar que no acreditó una afectación directa ni cumplió con los requisitos exigidos para este tipo de demandas colectivas.
Fuente:TN
