La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno de Rodrigo Paz acusara públicamente al expresidente Evo Morales de promover acciones destinadas a desestabilizar a la actual administración. La denuncia fue presentada en medio de una ola de protestas, cortes de ruta y enfrentamientos que mantienen en tensión a varias ciudades bolivianas desde hace semanas.
Desde el Ejecutivo aseguraron que detrás de las movilizaciones existen sectores organizados que buscan forzar una interrupción institucional. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que parte de las protestas son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical de Morales. Según sostuvo, las manifestaciones “no tienen propuestas concretas” y persiguen la caída del presidente Rodrigo Paz.
La administración boliviana anunció además que llevará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde denunciará un supuesto intento de alteración del orden democrático. La presentación se produjo tras varios días de disturbios en La Paz y otras regiones, con bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
El conflicto ocurre en un contexto especialmente delicado para el Gobierno de Paz, que asumió la presidencia en noviembre de 2025 y enfrenta una fuerte caída de apoyo social. Diversos sindicatos, organizaciones campesinas, mineros y movimientos indígenas reclaman por el deterioro económico, la inflación y las medidas de ajuste impulsadas por la Casa Grande del Pueblo.
Las protestas crecieron en intensidad durante mayo y derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, principalmente en La Paz y El Alto. En algunos casos, los grupos movilizados intentaron bloquear accesos estratégicos, incluido el camino hacia el aeropuerto internacional paceño.
Aunque Evo Morales no ocupa actualmente cargos institucionales, continúa siendo una figura de peso dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y conserva influencia sobre organizaciones sociales y sindicales. El exmandatario rechazó las acusaciones del Gobierno y denunció una supuesta persecución política en su contra. En los últimos días incluso habló de un “Plan Cóndor 2026” y acusó a distintos actores regionales de colaborar con una ofensiva para debilitar a sus seguidores.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz intentó bajar la tensión anunciando cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para abrir negociaciones con algunos sectores movilizados. Sin embargo, hasta el momento las medidas no lograron frenar completamente el conflicto ni los cortes que afectan distintas rutas del país.
