Los rumores de que Alberto no termina su mandato crecen sin cesar. El peronismo tiembla al pensar que puede sumar su propio De la Rúa, algo que marcaría el fin de una era y que dejaría en la lona al PJ: sin ir más lejos, después de De la Rúa no volvió a haber otro presidente radical.
Ahora el panorama es tan complicado que se asegura que el propio Alberto amagó con irse. Razones no le faltan, empezando por la vicepresidenta que está con el serrucho en la mano porque él no supo garantizarle la impunidad buscada ante las causas judiciales.
Pero ahora se abre otra posibilidad: que el Congreso de la Nación lo eche por incapaz.
Ha pasado en otros países, muchas veces, por nombrar sólo los más recientes: Fernando Color de Mello (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Ezer Weizman (Israel, 2000), Abdurrahman Wahid (Indonesia, 2001), Rolandas Paksas (Lituania, 2004), Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005), Moshe Katzav (Israel, 2006), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Christian Wulff (Alemania, 2012), Otto Pérez (Guatemala, 2015) o Dilma Rousseff (Brasil, 2016).
En Argentina no hay antecedentes. Hubo muchos golpes de Estado y también renuncias, pero ninguna expulsión del cargo desde el Congreso. Pero no es imposible.
El primer paso ya se dio: El diputado nacional José Luis Espert presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al acusarlo por “mal desempeño”.
Y Espert no denuncia porque no le gusta el bigote de Fernández, sino por razones más pesadas, entre ellas:
Mal manejo de la pandemia.
La necesidad de evaluar la idoneidad moral, técnica y política del presidente de la república.
El respaldo de Alberto a Cristina cuando ella ataca a la Justicia.
Alberto Fernández durante la visita a Milagro Sala.
Los propios ataques de Alberto a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema para que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron”, cuando visitó y defendió a Milagro Sala.
La falta de credibilidad en las instituciones.
La situación económica y crisis política, la falta de conducción política y la endeble economía argentina que pone en riesgo el tejido social.
El endeudamiento nacional.
El acuerdo con el FMI.
Las medidas económicas que dejan “a la República a la deriva”.
Los ataques de Alberto Fernández a los productores rurales.
Motivos sobran… y la Constitución Nacional establece dentro de su articulado (Art. 53, 59 y 60) las herramientas o resortes institucionales que permiten encontrar salidas a la crisis política generada por la actual coalición de gobierno, y dentro de ellos, uno es el procedimiento de juicio político. La idea central es delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con el mandato establecido en el texto fundamental y, que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales graves. El legislador, mediante este instrumento, tiene la facultad de evaluar si el funcionario cumple con uno de los principios básicos del sistema republicano, es decir, si posee la “idoneidad” suficiente para cumplir el mandato popular depositado por el soberano.
El proyecto está. Si Diputados lo aprueba, el Senado debería juzgar, y del juicio podría resolverse la anticipada salida de Fernández.
Qué pasará no se sabe. Pero si la pregunta es ¿El Congreso puede echar a Alberto? La respuesta es: sí, se puede.