El concejal Gustavo Aguirre confirmó que el bloque oficialista mantuvo este martes una reunión con trabajadores de Uber Moto, en medio de los reclamos del sector por un reconocimiento formal de la actividad.
Según explicó, el encuentro permitió poner sobre la mesa una realidad compleja: si bien existe una ordenanza municipal que regula las aplicaciones de transporte, en la práctica no contempla el servicio en motocicleta. “Hay una necesidad concreta de trabajo, eso es innegable, pero también hay límites legales que exceden al municipio”, señaló.
En ese sentido, Aguirre remarcó que hay normativas de alcance nacional que prohíben el traslado de pasajeros en moto, además de otros obstáculos como la imposibilidad de acceder a seguros adecuados o cumplir con requisitos mínimos de seguridad. “No es solo una cuestión laboral, también está en juego la seguridad de los usuarios”, sostuvo.
Otro de los puntos que surgió en la reunión fue la situación de los conductores frente a los controles de tránsito. Muchos aseguran ser multados incluso cuando no están prestando servicio, lo que —según plantearon— podría implicar vulneraciones a sus derechos. “Es un tema que requiere un análisis serio”, admitió el edil.
En paralelo, el concejal indicó que desde el Ejecutivo municipal ya se vienen evaluando medidas para aliviar la situación de otros sectores del transporte, como los taxistas, en el marco de la crisis económica. No descartó que se avance con herramientas similares, aunque insistió en la necesidad de articular con Provincia y Nación.
Baches y obras inconclusas: el municipio apunta a mayor control sobre las empresas de servicios
Por otro lado, Aguirre se refirió a otra problemática que gana lugar en la agenda: el estado de las calles. En ese marco, adelantó que trabajan en un proyecto para mejorar la coordinación entre el municipio y las empresas de servicios públicos, responsables de muchas de las roturas en la vía pública.
La iniciativa apunta a crear una unidad de planificación que ordene las intervenciones y establezca plazos concretos para la reparación de calzadas. También prevé mecanismos de compensación: si las empresas no cumplen, el municipio podrá ejecutar las obras y luego cobrar los costos.
“Son herramientas necesarias para empezar a dar respuestas concretas a problemas que los vecinos ven todos los días”, concluyó.
