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Asuntos pendientes

Todo podría quedar en una mera descripción de lo ocurrido, como quien cuenta un chimento. Dar de detalles de como el gobernador Raul Jalil fue acorralado e increpado por asambleístas antimineros, quienes le exigieron explicaciones por los hechos ocurridos en Andalgalá y demandaron la libertad de los detenidos. Se podría contar la noticia de lo ocurrido este sábado por la noche en la Casa de la Cultura desde ese morbo chismoso que se queda en lo superficial de los hechos y no ahonda ni discierne trasfondos o subyacentes. Pero detrás de esa situación tensa y límite, se acumulan un montón de pendientes políticos y sociales en torno a la minería.

El Mercado del Libro estaba llegando a su fin, cuando el mandatario arribó, sin aviso ni protocolo, a dar una vuelta por el evento organizado por Cultura. Pero el recorrido pintoresco y espontáneo se tornó en una situación espesa y bochornosa en un segundo. Ambientalistas antimineros recibieron el dato de que el jefe de Gobierno estaba en el espacio cultural y se fueron al humo a buscar respuesta y sentar posturas.

Lo que sucedió a partir de ese momento, retratado en videos que ya circulan de forma viral por las redes sociales, fue una serie de momentos tragicómicos. Emergentes de un ecosistema social y político afectado por una llaga que ya a esta altura, se volvió crónica. Porque nadie le dedicó el tiempo suficiente para sanar y cerrar la herida.

La escena de los ambientalistas reclamándole a Jalil por la liberación de los detenidos tras los disturbios en Andalgalá podría interpretarse como una demostración del desconocimiento de los militantes antimineros del sistema republicano de división de poderes; no es el gobernador, titular del Poder Ejecutivo, quién decide y dispone las medidas tomadas por el Poder Judicial. Por lo que no tiene sentido exigirle al mandatario la libertad de personas detenidas por orden de la justicia.

Eso fue lo que intentó, infructuosamente, explicar el propio Gobernador, arrinconado contra una escalera, apabullado por el despliegue ambientalista. Un poco por sus formas usuales otro poco por la presión del momento, el mandatario trastabilló en todas sus intervenciones. Y hasta intentó convocar a un intérprete, llamando al Ministro de Seguridad, para que explique, por teléfono puesto en altavoz, que ellos (por el Gobierno) “no pueden dar garantías”.

Sin embargo, más que un error conceptual, el reclamo de los ambientalistas al Gobernador demuestra el estado de sospecha y repudio a lo que entienden que es un aparato político-judicial-empresarial, que acciona en bloque. Y las explicaciones se las piden a quien consideran el responsable de la corporación.

Resulta inaudito que, luego de más de dos décadas de actividad minera, en la provincia aún no se despejen las X y se resuelva el dilema “minería sí/ minería no”. Y permanezca un estado de indefiniciones que ponen en duda la legitimidad de cualquier postura y un manto de sospecha sobre las acciones.

La Constitución Provincial define a Catamarca como una provincia minera, y le impone la obligación al Estado de impulsar la actividad. Sin embargo, las experiencias mineras de los últimos 20 años tuvieron resistencia social. ¿Cuál de los dos mandatos tiene más fuerza? ¿Quién tiene más legitimidad? ¿Un Gobierno que avanza invocando una constitución de hace más de 40 años o un pequeño grupo de personas que resisten diciendo representantes de las comunidades? ¿Qué entidad hay que darle a los grupos pro mineros que surgen sistemáticamente cada vez que los reclamos ambientalistas se intensifican? Todos interrogantes que son parte de un mismo dilema, y que los sucesivos gobiernos no resuelven.

Un debate serio y profundo para la reforma constitucional o una consulta popular podrían haber resuelto hace tiempo y de forma legítima la tensión crónica. Pero, ante la posibilidad de que el pronunciamiento social sea mayoritariamente contrario a la minería, el poder político prefiere evitar dar la discusión. Y simula tener el asunto en carpeta, debatirlo y analizarlo. Como quien asegura que no va hacer algo, aunque al mismo tiempo piensa que, cuando llegue el momento, ya verá cómo hacerlo a pesar de la resistencia.

La secuencia del sábado por la noche en la Casa de la Cultura tuvo pinceladas de comedia negra. Pero es la realidad. Preocupante y urgente realidad. El Gobierno pretende avanzar en la explotación del proyecto Agua Rica. Pero nunca, ni este ni los anteriores, se ocuparon de resolver la vieja grieta en torno a la minería. Y los asuntos pendientes, acumulan tensión y explotan. Cuando menos se lo espera. Como el sábado en la Casa de la Cultura.

El Catucho.

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