El Gobierno nacional confirmó que mantendrá las modificaciones incorporadas al proyecto que busca flexibilizar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros y apuntará a conseguir su aprobación en el Senado el próximo 6 de agosto.
La definición se produjo tras una reunión entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich; y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quienes acordaron respaldar el texto consensuado con los bloques dialoguistas.
“El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”, afirmó Bullrich al término del encuentro, despejando las dudas que existían dentro del oficialismo sobre el alcance de las modificaciones.
La iniciativa, que ya sufrió cuatro postergaciones por falta de consenso, elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque incorpora cambios para fortalecer la participación de las provincias en el proceso de autorización.
Entre las principales modificaciones, el proyecto reconoce la jurisdicción plena de las provincias sobre sus territorios y habilita a las legislaturas provinciales a dictar normas propias en la materia dentro de sus competencias. Además, establece que toda compra de tierras rurales por parte de extranjeros deberá inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
En el caso de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, la adquisición requerirá la autorización conjunta del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia donde se encuentre el terreno. El mismo criterio se aplicará para las operaciones que involucren a Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.
Otro de los cambios introducidos durante el debate parlamentario fue la eliminación del mecanismo de “silencio administrativo”. El proyecto original contemplaba que, si las autoridades no respondían en un plazo de seis meses, la operación quedaría aprobada automáticamente. Esa disposición fue retirada del texto definitivo.
Bullrich sostuvo que las modificaciones responden a una visión federal y rechazó que la reforma represente un riesgo para la soberanía nacional. “La propiedad de la tierra no afecta la soberanía; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros”, afirmó.
Con el respaldo del Poder Ejecutivo a la versión consensuada, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para tratar el proyecto en la sesión prevista para el 6 de agosto, considerada clave para avanzar con una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de desregulación y atracción de inversiones.
