El endeudamiento de los hogares en Catamarca (y en toda la Argentina) ha dejado de ser una estrategia de progreso para convertirse en una trampa de supervivencia. Hoy, cada vez más familias trabajadoras no se financian para cambiar el auto o refaccionar su vivienda; lo hacen para comprar alimentos, pagar la boleta de la luz o adquirir medicamentos básicos.
En este escenario de vulnerabilidad extrema, la usura florece con total impunidad ante la alarmante pasividad y desprotección oficial: “Es un problema entre privados”, “Nadie les puso un revólver en la cabeza para endeudarse”, dice el gobierno para lavarse las manos.
Pero fue la devaluación decidida por el gobierno y la caída sistemática del poder adquisitivo la que ha empujado a los sectores medios y vulnerables fuera del sistema bancario tradicional. Al cerrarse las puertas del crédito formal, el mercado informal y las plataformas digitales de microcréditos -muchas de ellas operando en un limbo legal- han ocupado ese vacío.
Con tasas de interés que multiplican varias veces la inflación real, estos esquemas se configuran como verdaderas maquinarias de despojo, cobrándose un peaje impagable que condena a los deudores a una calesita de refinanciaciones perpetuas.
Lo más grave de esta crisis silenciosa es la deserción del Estado en su rol de regulador y protector de los más débiles. Las herramientas de control de la usura parecen obsoletas o directamente inexistentes frente a la ingeniería financiera moderna.
Y no es “libre mercado”, porque a los bancos y grandes empresas como Mercado Libre, el Gobierno sí las ayuda.
Mientras los usureros de siempre y las aplicaciones financieras exprimen los ingresos de los asalariados mediante la letra chica y métodos de cobro extorsivos, los organismos oficiales de defensa del consumidor y las entidades regulatorias miran hacia otro lado, exhibiendo una burocracia ineficaz que roza la complicidad, cuando no directo desinterés.
Financiar la subsistencia diaria con tasas usurarias es socialmente insostenible y económicamente destructivo. No se puede permitir que el acceso al pan o a los servicios públicos esenciales dependa de la usura.
El gobierno debe reaccionar de manera urgente: no se trata de hacerse cargo de deudas ajenas ni de que los que cumplen salgan a salvar con su bolsillo a los morosos: se necesitan regulaciones estrictas sobre los topes de las tasas de interés, un control severo sobre las fintech de crédito y programas oficiales de desendeudamiento que rescaten a las familias del ahogo financiero. Seguir ignorando este flagelo es convalidar el saqueo de la mesa de los laburantes.
Ojo, porque algún irresponsable que no paga hubo siempre. Pero si son miles y miles, el programa es más grande.
En Catamarca la tasa de morosidad alcanzó el 21,5% en junio de 2026. Ese porcentaje se traduce en una cifra concreta: unos 66.650 catamarqueños arrastran incumplimientos financieros, acumulando más de 179 mil millones de pesos en deudas con atrasos de tres meses o más.
Catamarca se ubica entre las provincias con mayor nivel de morosidad del país, superando el promedio nacional de mora del 17,4%.
Además, en la provincia hay 200.935 personas registradas con al menos una deuda activa y 66.650 catamarqueños cayeron en mora de 90 días o más. Es una tragedia colectiva.
¿Vendrán el litio y las inversiones multimillonarias de la minería a salvarnos? Respuesta: a vos no.
