La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este jueves la exoneración de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, luego de que quedara firme la condena judicial que lo inhabilita de manera permanente para ejercer cargos públicos.
La medida se adoptó tras una revisión de la situación administrativa del ex funcionario, quien aún integraba la planta permanente del organismo pese a haber dejado la conducción de la entonces AFIP en 2015.
Según informaron fuentes oficiales, la decisión se sustenta en la sentencia dictada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, en la que Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Además, recibió una inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones estatales.
El avance administrativo se produjo luego de que la Justicia rechazara los últimos recursos presentados por su defensa. El pasado 12 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal con el que el ex funcionario buscaba revertir la condena.
La investigación judicial se centró en el otorgamiento de facilidades fiscales a Oil Combustibles, la empresa vinculada a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, que acumuló una millonaria deuda por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. Para los magistrados, Echegaray favoreció a la firma mediante planes de pago que le permitieron postergar obligaciones tributarias y obtener ventajas indebidas frente al Estado.
La condena había sido ratificada el 5 de marzo por la Cámara Federal de Casación Penal, que también rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa. En esa misma resolución, López y De Sousa fueron absueltos, aunque esa decisión todavía se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.
Con la exoneración, Echegaray queda formalmente desvinculado del organismo recaudador y sin posibilidad de ejercer cargos en la administración pública, en línea con los alcances de la sentencia judicial.
