La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de rechazar una presentación realizada por el Gobierno. La resolución alcanza la actualización de los salarios del personal docente y no docente, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su decisión, el máximo tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo no cumplía con los requisitos legales para ser tratado, ya que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, tal como exige el artículo 14 de la Ley 48.
A partir de ese criterio, los jueces también desestimaron el pedido de excusación y la queja presentada por el Estado. Además, intimaron al recurrente a realizar el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago había sido diferido en virtud de la Acordada 47/91.
La cautelar comprende los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. En concreto, ordena la actualización salarial del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, así como la recomposición de los programas de becas para estudiantes universitarios.
La resolución lleva las firmas de los tres integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El fallo se conoce pocas semanas después de que, el pasado 10 de junio, el Gobierno nacional firmara un acta en la que se comprometió a transferir fondos destinados a incrementar un 24,33% la masa salarial de las universidades, aumentar un 20% las partidas para gastos de funcionamiento y ampliar los recursos asignados a los hospitales universitarios.
