Bolivia vive uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. En medio de una profunda crisis económica, miles de manifestantes volvieron a movilizarse en diferentes ciudades para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras se intensifican los bloqueos de rutas, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los problemas de abastecimiento.
Las protestas comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas, mineros, docentes y movimientos indígenas que cuestionan las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Entre los principales reclamos aparecen la eliminación de subsidios a los combustibles, el aumento de precios, la escasez de dólares y el deterioro general de la economía boliviana.
En la ciudad de La Paz, las manifestaciones derivaron en violentos choques con la policía cuando grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo y bloquear accesos estratégicos, incluido el camino hacia el aeropuerto internacional de El Alto. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y operativos de contención.
La situación también afecta el funcionamiento cotidiano del país. Los bloqueos instalados en distintos departamentos provocaron faltantes de combustible, alimentos y medicamentos, además de complicaciones en hospitales y centros de salud. Ante este escenario, el Gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para garantizar el traslado de suministros esenciales.
Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre de 2025 tras imponerse en el balotaje, enfrenta una caída acelerada de apoyo político incluso entre sectores que respaldaron su candidatura. Diversos analistas sostienen que parte del malestar social se profundizó luego de reformas económicas consideradas impopulares y de cambios en la estructura estatal impulsados por su administración.
El mandatario reconoció públicamente errores de gestión y prometió escuchar los reclamos sociales. Además, anunció una reestructuración del gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social como intento de descomprimir el conflicto. Sin embargo, las medidas no lograron frenar las movilizaciones.
En paralelo, sectores vinculados al expresidente Evo Morales también participan activamente de las protestas y mantienen una fuerte presión sobre el Gobierno. Algunos grupos mineros e indígenas protagonizaron marchas masivas y bloqueos en varias regiones del país, aumentando el clima de inestabilidad.
