Los abogados querellantes Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez se refirieron al cierre de la causa por abuso sexual contra el exfuncionario municipal de Fiambalá, Víctor “Mosquito” Rodríguez, quien acordó una condena de tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado, tras admitir su responsabilidad en los hechos denunciados por una ex empleada.
Los letrados remarcaron que el proceso judicial se extendió durante varios años y señalaron que la causa estuvo paralizada hasta que la querella comenzó a impulsar medidas probatorias claves. “Nos constituimos como querellantes y empezamos a hacer avanzar la causa”, explicó Ibáñez, quien detalló que se incorporaron testimonios, ampliaciones de declaración y pericias psicológicas que finalmente sostuvieron la acusación.
En ese sentido, indicaron que Rodríguez intentó evitar llegar al juicio oral mediante distintas presentaciones judiciales. “Se opuso a la elevación a juicio y apeló en distintas instancias, pero todos los planteos fueron rechazados”, señalaron.
La causa había sido elevada a juicio años atrás por el delito de abuso sexual simple y el debate oral había sido fijado para el 8 de mayo. Sin embargo, ante “la contundencia de la prueba”, según manifestaron los abogados, el acusado decidió declararse culpable y acordar una pena en suspenso con la Fiscalía.
Sebastián Ibáñez sostuvo además que la víctima atravesó un proceso de revictimización en una comunidad pequeña como Fiambalá y que incluso debió alejarse de la ciudad tras los hechos denunciados. “Ella sufrió el descrédito y el peso del poder que tenía el acusado en la comunidad”, afirmó.
Por otra parte, ambos abogados destacaron la actitud de la denunciante durante todo el proceso judicial. Según expresaron, la joven priorizó que se reconociera públicamente la culpabilidad del acusado antes que una condena de cumplimiento efectivo.
“Lo importante para ella era que se hiciera justicia y que el agresor reconociera lo que hizo”, remarcaron los querellantes, quienes además valoraron la “fortaleza, valentía y humanidad” de la víctima durante los seis años que demandó el proceso judicial.
