Distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales anunciaron movilizaciones en rechazo al fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales N° 26.737.
La primera convocatoria será este viernes 2 de octubre a las 17, cuando el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), junto a organizaciones sociales, se concentre en Parque Lezama. La actividad tendrá como ejes el rechazo al fallo y el pedido de anulación del DNU 70/2023.
Por su parte, Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) anunció una movilización para el lunes 5 de octubre, con horario a confirmar, desde el Congreso de la Nación hasta los Tribunales de Talcahuano 550.
También se espera una convocatoria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, anticipó que propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y a otras centrales obreras realizar una movilización hacia la Corte Suprema.
Qué resolvió la Corte Suprema
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación procesal del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la acción judicial.
La resolución dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía límites para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispone expresamente la derogación de esa ley.
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano cuestionó la decisión y sostuvo que el fallo favorece la posibilidad de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. En tanto, desde ATE, Aguiar planteó que la resolución afecta, según su interpretación, la soberanía territorial y anunció acciones de protesta.
Las movilizaciones se desarrollarán en los próximos días, mientras continúa el debate político y judicial en torno al alcance de la decisión de la Corte.
