Javier Milei reiteró su intención de desmantelar el Estado en una entrevista en Estados Unidos con la periodista Bari Weiss, conocida por su renuncia al The New York Times en 2020. “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que lo destruye desde adentro”, afirmó el presidente, destacando su objetivo de reducir al máximo la intervención estatal. Sus discursos en el exterior, alejados de las tensiones locales, reflejan con más claridad las directrices de la “batalla cultural” que promueve.
Aunque no siempre lo que propone se traduce en acciones concretas, el avance hacia la reducción del Estado ya ha tomado forma. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una “deep motosierra” para recortar el gasto, lo que incluirá la revisión de 185 mil contrataciones en la administración pública, con exámenes de idoneidad para evaluar la continuidad de los empleados.
El plan de privatización es uno de los ejes centrales y apunta a desprenderse de las empresas públicas, una tarea compleja debido al desorden en la estructura estatal. Un equipo conocido como “Los Infernales”, liderado por Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, trabaja en el relevamiento y reorganización de estas entidades. El nombre del grupo evoca al ejército de gauchos del General Martín de Güemes, un símbolo que subraya el enfoque combativo del gobierno.
Para acelerar el proceso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) flexibilizó las normativas de información contable, facilitando la salida a la Bolsa de empresas estatales como Arsat, Aysa, Nucleoeléctrica y Tandanor. Esta estrategia busca evitar los problemas de las privatizaciones de los años 90, como la corrupción y la percepción de que los activos públicos fueron “regalados”. Ahora, el mercado determinará el valor de las acciones.
La primera venta de acciones podría tardar al menos seis meses en concretarse, debido a la complejidad de preparar la oferta pública inicial (IPO) y las negociaciones con potenciales inversores internacionales. El gobierno menciona como ejemplo de éxito la privatización parcial de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (Sabesp), que recaudó 2.650 millones de dólares este año.
Entre las decisiones más drásticas está el cierre de organismos como la agencia de noticias Télam, que pasó de tener 800 empleados a un centenar, centrados en tareas internas. También se estudian cierres de entidades como Coviara y Ceatsa, mientras que otras empresas podrían ser transferidas a los trabajadores, como es el caso de Optar, la agencia de venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas representa un desafío mayor, ya que no hay consenso sobre su destino. Los sindicatos, liderados por Pablo Biró, se oponen a la privatización y la opción de liquidación propuesta por Mauricio Macri es vista como una señal negativa para el país.
El gobierno también planea licitar nuevamente concesiones vencidas o próximas a vencer, incluyendo centrales hidroeléctricas y servicios ferroviarios. Estas decisiones implican renegociar acuerdos establecidos durante la presidencia de Carlos Menem.
En la actualidad, el plan privatizador se concentra en 59 empresas distribuidas en 11 jurisdicciones. Los sectores más afectados son Transporte, Energía y Hacienda. El equipo de Chaher trabaja bajo la supervisión de Santiago Caputo, con el respaldo externo de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial.
El proceso de privatización no ha estado libre de tensiones. Recientemente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció irregularidades en la gestión de Aysa, lo que generó preocupación entre los inversores. Las controversias también se extienden a otras áreas, como el conflicto universitario, donde las declaraciones del gobierno han escalado la situación.
El enfoque del gobierno incluye medidas polémicas, como la resolución 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que endureció los requisitos de seguridad para los propietarios de armas. La medida generó rechazo entre los usuarios y llevó a una rectificación parcial.