La diputada oficialista atribuyó las diferencias de más de $3.000 millones señaladas por Francisco Monti a cuestiones administrativas y a mecanismos de financiamiento de obras. Además, sostuvo que el fondo cuenta con controles y auditorías.
La diputada provincial María Argerich se refirió a la denuncia presentada por el legislador opositor Francisco Monti sobre presuntas irregularidades en el Fideicomiso Minero y rechazó las acusaciones. Según explicó, las diferencias detectadas en los montos informados responden al funcionamiento del sistema, los períodos de rendición de cuentas y los mecanismos de financiamiento de obras de infraestructura.
En una entrevista con Catamarca es Noticia, Argerich detalló que el Fideicomiso Minero es una herramienta financiera de la provincia en la que se concentran las regalías mineras, junto con los aportes adicionales vinculados a la responsabilidad social empresaria establecidos en los acuerdos con las compañías que desarrollan actividades de explotación. De acuerdo con sus declaraciones, estos conceptos representan un aporte total del 3,5%.
La legisladora explicó que, por ley, la Provincia transfiere trimestralmente las regalías mineras al fideicomiso, mientras que este último debe presentar rendiciones de cuentas cada seis meses ante las comisiones de Hacienda y Finanzas de ambas cámaras legislativas.
Las diferencias señaladas en la denuncia
Al referirse a los montos cuestionados por Monti, Argerich consideró que la presentación carece de fundamento y sostuvo que no contempla toda la información necesaria para comprender el funcionamiento del fondo.
En ese sentido, señaló que una de las diferencias se relaciona con los distintos períodos en los que se registra y presenta la información financiera. Según indicó, los cortes administrativos para la rendición de cuentas pueden generar diferencias entre los datos publicados en distintos momentos, incluso en los registros de la Contaduría General de la Provincia.
Como segundo punto, mencionó un convenio firmado por el Poder Ejecutivo con la empresa Zijin-Liex para financiar una obra de infraestructura eléctrica que se ejecuta a través de Transnoa. Según explicó, el mecanismo contempla que la compañía adelante los trabajos y que posteriormente se efectúen descuentos vinculados a las regalías, equivalentes aproximadamente al 1%.
De acuerdo con la diputada, estos conceptos permiten explicar una parte sustancial de las diferencias observadas. En sus declaraciones, sostuvo que las sumatorias vinculadas a estos mecanismos alcanzan aproximadamente los $2.050 millones.
Una inyección de $5.500 millones
Argerich también aseguró que el Fideicomiso Minero es una herramienta sujeta a distintos mecanismos de control, tanto por parte de organismos estatales como a través de su funcionamiento dentro de la entidad bancaria correspondiente.
En esa línea, indicó que la semana pasada la Provincia decidió incorporar $5.500 millones al fideicomiso para afrontar el pago de determinadas obras. La legisladora sostuvo que esta operatoria forma parte del esquema de financiamiento y descartó que se estén utilizando transitoriamente los recursos con otros fines.
Asimismo, afirmó que desde el Gobierno provincial mantienen conversaciones con el ministro de Hacienda y Obras Públicas para contrastar la información disponible y explicar las diferencias señaladas.
Transparencia y política minera
Consultada sobre si la denuncia podría responder a una interpretación incompleta de los datos o a una especulación política, Argerich consideró que a Monti le faltó incorporar información para analizar adecuadamente el funcionamiento del fondo.
Finalmente, remarcó que la minería debe consolidarse como una política de Estado y que ese objetivo requiere transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Nos parecía fundamental aclarar estas dudas que se habían vertido sobre el Fideicomiso Minero”, expresó la diputada, quien reiteró que, desde el oficialismo, confían en que la Justicia y el Tribunal de Cuentas evalúen la denuncia y las explicaciones presentadas.
Las declaraciones de Argerich constituyen la postura del oficialismo frente a los cuestionamientos formulados por Monti. La determinación sobre la existencia o no de irregularidades corresponde a los organismos competentes que intervengan en el caso.
