El millonario anuncio de inversiones mineras en Catamarca, amparado bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contrasta de manera obscena con la realidad que se vive en las rutas de Fiambalá. El bloqueo a los accesos de la planta procesadora de la empresa de capitales chinos Zijin-Liex no es un hecho aislado ni un capricho corporativo; es el grito desesperado de una comunidad que ve cómo la riqueza se extrae de su suelo mientras sus trabajadores y proveedores locales quedan marginados de la cadena de valor. La consigna es contundente: “Sin desarrollo local, no hay minería”.
Resulta incomprensible que, mientras los reportes oficiales celebran proyecciones de exportación por 400 millones de dólares anuales y promesas de miles de empleos, la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta (CAPROMITI) deba recurrir a medidas de fuerza porque la compañía prefiere sistemáticamente abastecerse fuera de la provincia.
El detonante, un convoy nocturno de camiones eludiendo fiscalizaciones locales, desnudó una preocupante falta de arraigo institucional. El litio catamarqueño no puede convertirse en un enclave transnacional donde los locales solo pongan el territorio y los riesgos ambientales, mientras los contratos millonarios se desvían de manera opaca hacia otras latitudes.
La licencia social no se compra con la firma de un decreto de inversión de millones de dólares. Se construye día a día, respetando las normativas de compre provincial, garantizando la paridad laboral frente a la mano de obra extranjera y sentando mesas de diálogo reales, no “para la foto”.
El gobierno de Catamarca y las empresas mineras deben entender que el verdadero éxito del oro blanco no se mide en las planillas del banco central, sino en la transformación genuina y el crecimiento económico sustentable de los pueblos que custodian la cordillera.
No hay lugar para versear a los catamarqueños, porque esta película ya la vimos con Bajo La Alumbrera, y ya nadie va a comprar espejitos de colores.
