El oficialismo convocó para este martes a las 16 al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsó el presidente Javier Milei. La iniciativa tendrá modificaciones a partir de los planteos de los bloques aliados y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la norma en sus empresas.
La negociación está coordinada por la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantiene conversaciones con los sectores cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes de la reunión. Para La Libertad Avanza, el encuentro podría ser el último paso antes de la firma de los dictámenes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.
El plenario está encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.
“En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, le dijo a TN una de las autoridades del plenario.
Desde el Congreso y la Casa Rosada aseguran que el tratamiento continúa activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propuestas.
Argentina Federal advierte que podría votar en contra
Uno de los principales desafíos para el oficialismo es conseguir el respaldo de Argentina Federal, la bancada que conduce Oscar Herrera Ahuad y que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta. El espacio tuvo un papel relevante en las negociaciones por la nueva ley de discapacidad, pero ahora mantiene objeciones al proyecto sobre soberanía.
El diputado misionero Alberto Arrúa, uno de los nueve integrantes del bloque, anticipó que votará en contra de la iniciativa.
“El proyecto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas: también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El Gobierno obliga al Congreso a discutir la causa Malvinas junto con reformas que deberían tener tratamiento autónomo. Según la versión debatida, contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación”, advirtió el legislador.
La reunión del martes será clave para determinar si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para un dictamen de mayoría. Si no alcanza ese objetivo, Zapata podría convocar a un nuevo plenario, aunque el oficialismo perdería impulso político en la discusión de la iniciativa.
Santiago Caputo ratificó que la ley es una prioridad
El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la importancia que el Gobierno le asigna al proyecto y sostuvo que la iniciativa forma parte de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.
“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro. La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.
Sin embargo, el oficialismo debe resolver los cuestionamientos de sus aliados y las observaciones formuladas desde Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones previstas en el texto.
Los cambios que negocia el Gobierno tras los planteos de EE.UU.
El viernes hubo reuniones en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias para sus empresas de las sanciones contempladas en el primer capítulo del proyecto.
Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
En paralelo, diputados libertarios mantuvieron reuniones para revisar la letra del proyecto que se llevará al plenario. Giudici y Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara baja, participaron de esos encuentros.
Entre los cambios en discusión figura una delimitación de las sanciones para otras empresas que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos considerados ilegales por el Gobierno argentino.
De esa manera, el oficialismo buscaría contemplar los planteos de la administración estadounidense, en una negociación en la que también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.
El Consejo de Seguridad y el control del Congreso
El proyecto establece que el Consejo de Seguridad tendrá facultades para aceptar o rechazar inversiones de Estados o empresas con capitales extranjeros. Entre los cuestionamientos planteados durante el debate aparece la posibilidad de que ese organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, tenga un amplio margen para interpretar y aplicar la norma que apruebe el Congreso.
Aunque el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, no defendieron el proyecto ante la Cámara de Diputados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentó un informe extenso ante el plenario.
Durante su exposición, anunció que el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral para hacer un seguimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad. La propuesta había sido impulsada por el diputado aliado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento.
Según el cambio anunciado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la Comisión Bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Otro de los puntos que el oficialismo prevé modificar es el artículo 111, que establece sanciones por la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación.
La nueva redacción excluiría expresamente a los periodistas, la investigación académica y la actividad diplomática. El cambio responde a pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical, y a cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato.
Taiana cuestionó la posición de Estados Unidos sobre Malvinas
Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana volvió a cuestionar la política exterior del Gobierno y su relación con la administración de Donald Trump.
“Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de (Javier) Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de (Donald) Trump”, afirmó.
Las críticas se suman al debate sobre el alcance del proyecto y las modificaciones que impulsa el oficialismo para conseguir el respaldo de sus aliados parlamentarios.
