La publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la información de gestión son esenciales para fortalecer y resguardar los sistemas democráticos y republicanos. Es una instancia de control y rendición de cuentas a los ciudadanos, que depositaron el poder en los gobernantes. Una obligación ética y jurídica.
Hay muchos mecanismos estipulados para garantizar ese principio fundamental del sistema republicano de gobierno y derecho natural de los ciudadanos. Algunos de estos sistemas contemplan la remisión de la información de gestión a solicitud o demanda puntual del ciudadano. Como, por ejemplo, cuando un medio de comunicación de la provincia hizo una petición de información sobre el operativo de vacunación en Catamarca. Pedido que fue denegado por el Ministerio de Salud con argumentos rebuscados y poco razonables.
Otros, establecen un sistema de publicación periódica y automática de la información de los actos de gobierno, como el Boletín Oficial. En términos prácticos, es un medio de comunicación oficial escrito, en el que se publican los actos emanados del Poder Ejecutivo (sea nacional o de las provincia) y las leyes sancionadas por el Poder Legislativo. Y tiene como objetivo, además de ser un paso obligado para que las leyes entren en vigencia, cumplir con el “principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno”.
Catamarca tiene su propio Boletín Oficial, cuya versión digital se puede consultar en la página del Gobierno, donde éste “cumple” su obligación de publicitar sus actos de gestión. Aunque, su lectura asidua (saludable y un poco obsesiva) deja en claro que la simple publicación de los decretos o las leyes no termina de cumplir el ideal de la transparencia de los actos de gestión. Porque, aunque resulte una obviedad, además de publicarlos hay que hacerlo en un tiempo razonable. Poco se puede considerar un real cumplimiento de la publicidad de los actos de gobierno publicar los decretos meses después de su firma.
Llamativamente, y muy lejos de lo que se esperaría, el Boletin Oficial de Catamarca es un diario viejo con noticias de hace varios meses atrás. Las “novedades” de gestión llegan diferidas con hasta casi un año de demora, como llegaban las noticias en el tiempo de las carretas. Leer los boletines es enterarse de lo que hicieron los poderes del Estado, pero totalmente a destiempo.
En algunos casos, se trata de decretos de naturaleza netamente administrativa y técnica. Pero en muchos otros, son contrataciones, nombramientos, transferencias de fondos, autorizaciones de pagos, reconocimientos de deudas o reasignaciones presupuestarias por montos multimillonarios. Información de actos de gobierno de los que se les rinde cuenta a la ciudadanía con una demora inentendible e inaceptable. Casi dolosa.
Solamente en los boletines de la última semana se publican más de dos decenas de decretos y resoluciones ministeriales correspondientes al 2020, algunos de ellos relacionados con actos de los primeros meses de ese año, que implicaron erogaciones y transferencias millonarias del Estado.
Entre estas, se encuentran seis resoluciones ministeriales de Ciencia e Innovación para la transferencias de fondos a Catamarca RTV por casi 15 millones entre los meses de mayo y julio de 2020. Otras seis resoluciones más de la misma cartera para la autorización de fondos de “caja chica” por 310 mil pesos, todos en el mes de agosto de 2020. También se publicaron 21 resoluciones del mismo ministerio con órdenes de pago a la empresa Huasi Construcciones por más de 25 millones de pesos, entre los meses de junio y julio de 2020. Y unas 11 resoluciones ministeriales de Salud del mes de octubre de 2020 para autorizar el pago de casi 1,5 millones al Sanatorio Pasteur. Publicaciones, en algunos casos, de actos administrativos de hace más de 10 meses que son informadas a la ciudadanía con una demora inaceptable.
El intento de crear un fondo opaco de 100 millones de pesos para repartirse entre los ministerios, y el salariazo que finalmente se otorgaron los funcionarios denunciado por ATE, son claros ejemplos de cómo funciona y para qué sirve la jugarreta de demorar la publicación de cierta información del gobierno. El decreto del Fondo Rotatorio Especial circulaba por las sombras y escondido para evitar su divulgación hasta que se filtró y el escándalo lo terminó frenando. El del salariazo ya entró en vigencia y sin embargo aún no se oficializó.
Publicar la información de los actos de Gobierno con meses de demora es una formalidad tramposa que no respeta el derecho de los ciudadanos. Informarles en marzo de 2021 lo que se hizo en mayo de 2020 incumple las responsabilidad jurídica de un Gobierno de rendir cuentas.
Se entiende que los procesos burocráticos y administrativos llevan tiempo y que una cierta demora entre el acto de gobierno y su publicación es inevitable. Quizas unos días, tal vez unas semanas. Pero una demora de 10 meses resulta tan inexplicable que cobra toda la apariencia de ser voluntaria.
La transparencia de gestión y la publicidad de los actos de gobierno deben fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, y reforzar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, “para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”. Mientras que la opacidad y el incumplimiento de este mandato constitucional somete a las gestiones a dudas y sospechas. El Boletín Oficial y Judicial de Catamarca, comunicando “novedades” de meses atrás, colabora más a lo segundo.
