La Confederación General del Trabajo (CGT) redobló su ofensiva judicial contra el fallo que reactivó la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La central obrera recusó a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, y además solicitó la nulidad de la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La presentación fue firmada por el abogado Pablo Topet, quien argumentó que ambos magistrados incurrieron en prejuzgamiento. El principal cuestionamiento apunta a la participación de Pesino, a quien la CGT acusa de haber recibido “un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional” mientras se resolvía un pedido para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, límite fijado por la Constitución. Para la central sindical, esa situación compromete su imparcialidad.
Desde la CGT sostuvieron que “la resolución carece de todo fundamento” y calificaron la actuación judicial como “contraria a la ética”. En ese sentido, reclamaron que se aparte a los jueces y se revise la decisión que dejó sin efecto la cautelar que frenaba alrededor de 80 artículos de la reforma laboral.
También cuestionaron el contenido del fallo al señalar que no se especificó con claridad cuáles son las normas que vuelven a entrar en vigencia. “Omisión y prejuzgamiento confluyen en la descalificable sentencia”, expresaron en el escrito.
La central agregó que los derechos laborales tienen “naturaleza alimentaria”, por lo que consideró que la resolución desatiende el impacto concreto sobre los trabajadores.
Además, denunció que la decisión se tomó sin permitir su participación en el proceso y pidió que el expediente sea revisado por otra sala. Al mismo tiempo, dejó planteado el caso federal para recurrir ante la Corte Suprema y adelantó que también acudirá a la Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
