La Legislatura de Neuquén suspendió a la vicegobernadora Gloria Ruiz bajo el argumento de “inhabilidad moral”, en medio de un escándalo que sacude al gobierno provincial. La medida, inédita en la historia institucional de la provincia, surge de una denuncia por presunto desvío de fondos públicos que involucra a su hermano, Pablo Ruiz. Con esta decisión, Ruiz queda temporalmente fuera de sus funciones, a menos de un año de gestión.
El miércoles, la Legislatura celebró una sesión especial en la que 29 diputados votaron a favor de la suspensión preventiva de Ruiz, mientras que cinco se abstuvieron. La resolución estipula que la vicegobernadora no podrá ejercer su cargo por un máximo de 30 días hábiles, aunque seguirá percibiendo su salario hasta que se emita un fallo definitivo.
Lo que ha sorprendido a muchos es que, mientras se desataba la crisis, el gobernador Rolando Figueroa viajó a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y asistir al lanzamiento de la Fiesta de la Confluencia 2025 junto al intendente Mariano Gaido. Esto dejó el poder ejecutivo provincial en manos de Zulma Reina, presidenta de la Legislatura, generando críticas por la aparente falta de liderazgo ante una situación de extrema gravedad.
La denuncia contra Pablo Ruiz
El caso tiene como eje principal a Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora y exfuncionario de la Legislatura neuquina. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, Ruiz habría realizado movimientos bancarios irregulares por un total de $29 millones entre enero y agosto de este año. Los fondos, ajenos a su salario, fueron utilizados en parte para constituir plazos fijos y retirados en efectivo en numerosas ocasiones.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia del Neuquén (BPN). El informe señala que las acreditaciones recibidas en la cuenta de Ruiz provenían de la Legislatura y estaban fuera de los parámetros normales para un funcionario público, destacándose extracciones en efectivo por más de $20 millones.
En respuesta a las acusaciones, Pablo Ruiz se presentó en la Ciudad Judicial de Neuquén acompañado por su abogado, Federico Diorio, quien aseguró que los plazos fijos fueron creados antes de su nombramiento como funcionario. Ruiz afirmó que los fondos cuestionados correspondían a viáticos y gastos operativos debidamente documentados. Sin embargo, los allanamientos realizados en su domicilio y en oficinas de la Legislatura apuntan a posibles irregularidades.