“Si pasa, pasa” habrán pensando, y tiraron la idea de un proyecto para que Nación tome el control de la explotación del litio. La iniciativa de la diputada nacional del FDT, Carolina Moises, proponía declarar al “oro blanco” recurso estratégico y trasladar las decisiones y potestades de las provincias a la administración federal. En un intento de arrebatar de un zarpazo a las provincias el control de la producción del metal.
Vaya a saber porqué, quizás impelido por las ansias de ser un buen alumno del proyecto político o confundido por el desconocimiento, el gobernador Raul Jalil salió a poner la cara, literalmente, y fue presentado en sociedad como el mandatario que apoyaba la iniciativa. Posó para la foto, lo nombraron en declaraciones periodísticas y quedó instalado como el gobernador de provincia productora de litio a favor de la avanzada.
Pero, inmediatamente se conoció la “novedosa” propuesta, comenzaron a llover las críticas y rechazos. Y Jalil, que había picado al vacío, vió como todos daban un paso al frente y lo dejaban en posición adelantada. Los argumentos en contra de la nacionalización del litio fueron de todos los colores: legales, técnicos, económicos, sociales y políticos.
No fue una reacción limitada a la oposición política, a representantes de intereses económicos del capital privado o cultores de teorías liberales. Desde las propias trincheras también llegaron los rechazos que fulminaron al proyecto y dejaron al Gobernador expuesto. Los actores de la política que se pronunciaron en contra de la intentona fueron muchos. Propios y extraños. No solo dirigentes del arco opositor expresaron su preocupación. Sino también referentes del FDT y el Gobierno provincial.
Una de las críticas más fuertes al proyecto fue la de la diputada nacional por Catamarca, Lucia Corpacci. Por peso político específico, por su conocimiento en la materia y por su rol actual de legisladora nacional, que debería intervenir en un hipotético debate de la polémica propuesta. “Las provincias cordilleranas no tenemos por qué ser condenadas a vivir como pobres, porque tenemos muchos recursos”, consideró. Y sentenció: “En mi opinión es un retroceso”.
El vicegobernador de la provincia, Ruben Dusso, también dio el paso al frente junto a la ex Gobernadora, dejando expuestos a Jalil y los mentores del proyecto. “Se acuerdan de nosotros, las provincias, porque el litio está de moda, pero desde los inicios de nuestra historia se olvidan de las necesidades del interior”, consideró el titular de la Cámara Alta. Y remarcó que “las provincias deben defender su derecho como soberanas de sus propios recursos”.
Lucas Godoy, diputado nacional por Salta, miembro del bloque del Frente de Todos, se refirió a “la imposibilidad constitucional de nacionalizar el litio”, en respuesta a la propuesta esponsorizada por el mandatario catamarqueño. Apelando a argumentos jurídicos, evaluó que “no es una idea factible en caso de tener algún asidero”. “La Constitución Nacional (…) es clara respecto al dominio de los recursos naturales de las provincias; en efecto, sostiene taxativamente en el segundo párrafo que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Crítico, cáustico y realista fue Mario Capello, ex Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, quien señaló: “En qué cabeza puede caber el formar una empresa nacional de litio, declararlo estratégico, ponerles trabas a la Inversión, la que si no se hace ya jamás se concretará, pues el litio en poco tiempo sobrará”. Lapidario.
Igual de tajante fue la Cámara Minera de Catamarca, que “rechazó enfáticamente” la propuesta, señalando que “generaría inseguridad jurídica frente a las reglas claras y sostenibles en el tiempo que requiere la actividad minera para convertirse en motor de desarrollo de la provincia y fuente de trabajo y riqueza para la comunidad toda”.
Tan fuerte e inmediata fue la resistencia a la propuesta, que incluso funcionarios, tanto de Nación como de la Provincia, tuvieron que salir a negar que existiera tal proyecto. La secretaría de Minería de la Nación, Silvina Batakis, negó que “existan intenciones del gobierno en avanzar con un proyecto de nacionalización de litio”.
Y hasta la ministra de Minería de Catamarca, contradiciendo a su propio jefe político, desconoció la iniciativa de Nación para avanzar en la nacionalización del litio. “La Constitución Nacional es nuestra mayor garantía como Provincia”, señaló Fernanda Ávila, enunciando la inviabilidad jurídica del proyecto, que parece muy clara para todos, menos para quienes lanzaron la idea.
La fiebre por el “oro blanco”, atrajo al litio el interés de los políticos y les despertó lo que Capello llama “la gula intermediaria”. “Recurso estratégico, empresa nacional para la producción de litio, en la boca de muchos dirigentes políticos son frases que hablan de una histórica incomprensión”, señala el ex funcionario y experto en minería.
Probablemente sea esa “histórica incomprensión” y ese voracidad de intervenir con el Estado en cuanta oportunidad de negocio se presenta, la que le hizo pensar a Jalil que la nacionalización del litio podría ser una buena idea. Como sea, apenas quiso lanzarse con la iniciativa, tiraron el achique y lo dejaron en posición adelantada.