Trabajadores de la Dirección Provincial de Inspección General de Personas Jurídicas, que dependen del Ministerio de Gobierno, están hartos de los atropellos que sufren desde hace años, y que los convirtieron en una especie de nómades dentro del organigrama oficial.
Como si hubiera empleados de primera, segunda y tercera categoría, mientras algunos agentes gozan de todas las comodidades, ellos quedan siempre para el cachetazo, y se los lleva de un lado al otro sin ningún respeto.
No es exagerado: en los últimos años ya se mudaron unas ocho veces. Y cada mudanza los obliga además a hacer servicios de flete y cadetería, porque los mismos trabajadores tienen que cargar expedientes, archivos, etc. Y si algo se pierde, es su culpa.
Esto que ya parece una burla, tiene un condimento peor: la propia Lucía Corpacci, cuando era gobernadora, reconoció la insoportable situación y anunció que ya no habría más mudanzas ni cambios.
Lo hizo cuando se inauguró el viejo edificio del Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en la esquina de Esquiú y Ayacucho, una gigante construcción que se remodeló y que primero se iba a destinar a Hacienda, pero como el grueso de Hacienda se fue a un pabellón del CAPE, se pasó para el Ministerio de Gobierno.
En aquel discurso inaugural, Corpacci mencionó directamente la situación de los trabajadores, y les prometió que contarían con un lugar cómodo y definitivo.
De ahí viene el gran malestar actual, porque parece que borran con el codo lo que se escribió con la mano y ahora la intención es echarlos otra vez del lugar, para mudarlos vaya a saber dónde.
¿Por qué? Porque parece que el lugar lo quiere ocupar gente del Poder Judicial, y es más que un rumor. Autoridades de la Corte de Justicia ya fueron a visitar y recorrer oficinas para elegir cómo distribuirse los espacios. ¿La gente que está trabajando ahora? A nadie le importa, la idea sería limpiarlos como cucarachas o mandarlos a cualquier parte. Da lo mismo.
Trabajadores con dos décadas de antigüedad ya no soportan estos destratos, y preparan una protesta. Ya hicieron algunas asambleas y lo que quieren es que se cumpla la palabra empeñada.
Otras áreas que se verían afectadas con estos cambios también serían cooperativas y mutuales,derechos humanos, mediación vecinal, dirección de administración, asuntos municipales, entre otras que funcionan en el mismo edificio.
Es un claro caso de violencia institucional, y los responsables del área lo que hacen ante esta situación es silenciar las protestas. Una olla a presión a la que en cualquier momento salta la tapa.