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Empleados del Ministerio de Gobierno, hartos de los atropellos

Trabajadores de la Dirección Provincial de Inspección General de Personas Jurídicas, que dependen del Ministerio de Gobierno, están hartos de los atropellos que sufren desde hace años, y que los convirtieron en una especie de nómades dentro del organigrama oficial.

Como si hubiera empleados de primera, segunda y tercera categoría, mientras algunos agentes gozan de todas las comodidades, ellos quedan siempre para el cachetazo, y se los lleva de un lado al otro sin ningún respeto.

No es exagerado: en los últimos años ya se mudaron unas ocho veces. Y cada mudanza los obliga además a hacer servicios de flete y cadetería, porque los mismos trabajadores tienen que cargar expedientes, archivos, etc. Y si algo se pierde, es su culpa.

Esto que ya parece una burla, tiene un condimento peor: la propia Lucía Corpacci, cuando era gobernadora, reconoció la insoportable situación y anunció que ya no habría más mudanzas ni cambios.

Lo hizo cuando se inauguró el viejo edificio del Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en la esquina de Esquiú y Ayacucho, una gigante construcción que se remodeló y que primero se iba a destinar a Hacienda, pero como el grueso de Hacienda se fue a un pabellón del CAPE, se pasó para el Ministerio de Gobierno.

En aquel discurso inaugural, Corpacci mencionó directamente la situación de los trabajadores, y les prometió que contarían con un lugar cómodo y definitivo.

De ahí viene el gran malestar actual, porque parece que   borran con el codo lo que se escribió con la mano y ahora la intención es echarlos otra vez del lugar, para mudarlos vaya a saber dónde.

¿Por qué? Porque parece que el lugar lo quiere ocupar gente del Poder Judicial, y es más que un rumor. Autoridades de la Corte de Justicia ya fueron a visitar y recorrer oficinas para elegir cómo distribuirse los espacios. ¿La gente que está trabajando ahora? A nadie le importa, la idea sería limpiarlos como cucarachas o mandarlos a cualquier parte. Da lo mismo.

Trabajadores con dos décadas de antigüedad ya no soportan estos destratos, y preparan una protesta. Ya hicieron algunas asambleas y lo que quieren es que se cumpla la palabra empeñada.

Otras áreas que se verían afectadas con estos cambios también serían cooperativas y mutuales,derechos humanos, mediación vecinal, dirección de administración, asuntos municipales, entre otras que funcionan en el mismo edificio.

Es un claro caso de violencia institucional, y los responsables del área lo que hacen ante esta situación es silenciar las protestas. Una olla a presión a la que en cualquier momento salta la tapa.

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