Durante la semana pasada, la Fiscalía de Estado inició una causa contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, luego de las constantes quejas de productores que no podían sacar su producción del departamento debido a que el intendente ordenó interrumpir el acceso al municipio a camioneros y otros exceptuados del DNU presidencial que establece la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia del COVID-19.
Ante esto, intervino personal de Gendarmería Nacional para garantizar el libre paso de los camiones por la jurisdicción a cargo del jefe comunal.
Por este hecho, la Justicia Federal imputó a Guaraz por el delito de “incumplimiento en los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
En ese marco, el intendente se presentó tanto en la Justicia Federal como en la Provincial para defenderse de las acusaciones que caen en su contra.
En la ocasión, presentó un escrito donde cuestionó la competencia extraordinaria (federal) por sobre la ordinaria (provincial). Además, afirmó que el hecho por el que se lo acusa no constituye un delito. En ese marco, es que planteó un recurso de excepción perentoria y dilatoria por falta de competencia y de acción.
Su abogado, Luciano Rojas, explicó que en la acusación del fiscal federal Santos Reynoso no está fundamentada la competencia de la Justicia Federal sobre la Provincial para investigar el accionar del intendente, ya que el acusado es catamarqueño y el supuesto hecho por el que se lo acusa se concretó en el ámbito provincial.
Por el planteo de Guaraz, el juez federal, Miguel Ángel Contreras, corrió traslado al fiscal de Cámara, Rafael Vehils Ruiz, para que emita opinión al respecto. Posteriormente, será el magistrado el que debe tomar la decisión final sobre el pedido de Guaraz.
