Tras la firma del decreto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el gobierno “no subsidiará más películas sin espectadores”. En consecuencia, se presentó una serie de modificaciones en el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El equipo del presidente Milei ya había intentado implementar cambios en el organismo a través de la Ley Ómnibus. Al no lograrlo, en marzo se suspendieron las contrataciones, apoyos y aportes institucionales, así como el pago de horas extras.
El decreto 662/24 establece que las producciones que busquen nuevos subsidios deberán asegurar financiamiento propio por al menos el 50 % de su proyecto, además de fijar un tope máximo al financiamiento de cada producción.
Asimismo, se estipula que las productoras que hayan recibido subsidios anteriormente no podrán volver a solicitar recursos públicos durante el año siguiente a la finalización del proyecto.
Por último, se determinó que los gastos destinados al uso corriente, estructura y funcionamiento del INCAA no podrán superar el 20 % de los ingresos del organismo.
Según el comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, las cifras de 2023 muestran que el INCAA subsidió más de 100 películas con menos de 1000 espectadores y que “apoyó con el dinero de los contribuyentes 12 películas que captaron a menos de 100 espectadores”.
Esta nueva reglamentación fue desarrollada en conjunto por la Secretaría de Cultura, liderada por Leandro Cifelli, y el INCAA, dirigido por Carlos Pirovano.