El Gobierno nacional reconoció que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con una modificación de la ley de financiamiento universitario, una iniciativa que considera clave por su impacto en las cuentas públicas.
Según admiten en la Casa Rosada, el escenario político es más complejo que meses atrás y hoy están lejos de alcanzar un acuerdo que incluya tanto a los bloques dialoguistas como al sistema universitario.
La normativa en cuestión —sancionada en 2025 tras la insistencia del Congreso— establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades, incluyendo salarios docentes y becas estudiantiles. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que su aplicación plena requiere definir previamente las fuentes de financiamiento, lo que generó un conflicto que continúa abierto.
En ese contexto, el oficialismo decidió no insistir con el proyecto de reforma que había enviado al Parlamento durante el verano, el cual nunca llegó a tratarse. En cambio, evalúa diseñar una nueva estrategia, aunque reconoce que el margen de negociación es ahora más reducido.
Uno de los factores que complicó el panorama fue un reciente fallo judicial que ordenó cumplir con aspectos centrales de la ley, como la actualización salarial y las becas. Esta decisión fortaleció la posición de las universidades y redujo los incentivos para aceptar cambios impulsados por el Gobierno.
Además, dentro del propio oficialismo admiten que existen tensiones internas que afectan la articulación legislativa, lo que dificulta aún más la construcción de consensos en el Congreso.
Mientras tanto, el conflicto universitario vuelve a tomar fuerza en las calles. Organizaciones como el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina ya convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la ley y mejoras salariales, lo que podría aumentar la presión sobre el Gobierno en las próximas semanas.
