En una decisión con impacto político y judicial, el Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la inclusión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el listado de organizaciones terroristas. La medida, comunicada por la Oficina del Presidente, apunta a endurecer la respuesta frente al crimen organizado con ramificaciones internacionales.
El anuncio se realizó desde la Ciudad de Buenos Aires y formaliza la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia. A partir de ahora, el CJNG queda sujeto a una serie de sanciones y restricciones que buscan limitar su operatoria, especialmente en el plano financiero.
Desde el Gobierno sostienen que no se trata de una medida aislada, sino de un paso más dentro de una estrategia más amplia para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras. En ese sentido, remarcan que el CJNG logró expandirse con rapidez hasta convertirse en uno de los grupos más poderosos del narcotráfico, con presencia en decenas de países, incluida la Argentina.

La decisión se apoya, según el comunicado oficial, en informes que documentan actividades ilícitas de alcance transnacional y posibles vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas, en línea con compromisos asumidos por el país a nivel internacional.
El contexto regional también juega su parte. Semanas atrás, el 22 de febrero, fue abatido en México Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, histórico líder del CJNG y una de las figuras más buscadas del continente. Su caída, después de años de búsqueda, reconfiguró el mapa interno del grupo y abrió un escenario de mayor incertidumbre.
Con la inclusión en el RePET, el Estado argentino habilita herramientas concretas: congelamiento de activos, bloqueo de operaciones, sanciones económicas y un mayor control sobre cualquier movimiento que pueda estar vinculado al cártel. El objetivo es claro: cerrar el paso a posibles maniobras financieras dentro del país.
La medida fue trabajada de manera coordinada entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia, en un esquema que apunta también a fortalecer la cooperación internacional. De hecho, el Gobierno subraya que esta decisión alinea a la Argentina con otros países que ya avanzaron en la misma dirección.
En el mensaje oficial, Milei sintetizó la postura del Ejecutivo con una frase directa: “Reconocer a los terroristas por lo que son”. No es la primera vez que la administración adopta una definición de este tipo, y todo indica que buscará sostener esta línea frente a organizaciones consideradas de alto riesgo.





