El Gobierno nacional anunció la presentación de un proyecto privado para construir una nueva central nuclear en el complejo Atucha, con una inversión estimada en USD 1.200 millones. La iniciativa fue impulsada por Meitner Energy, una empresa vinculada al grupo estadounidense Ansari Group y con participación accionaria de Invap.
El plan contempla la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) de 300 megavatios eléctricos (MWe), denominado ACR-300, una tecnología de Generación III+ que, según sus impulsores, fue desarrollada por ingenieros argentinos y podría convertirse en el primer reactor comercial de estas características en el mundo.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de mantener una reunión con directivos de la empresa y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.
A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que el proyecto demandará una inversión de capitales privados estadounidenses basada en una patente argentina y aseguró que generará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de la central.
Por el volumen de la inversión y el perfil tecnológico de la iniciativa, el proyecto podría incorporarse al denominado Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.
La futura central se emplazaría en el predio de Atucha, donde hoy opera Nucleoeléctrica Argentina, y busca posicionar al país en el desarrollo de reactores modulares, una tecnología que gana terreno a nivel mundial por requerir menores tiempos de construcción y costos más bajos que las centrales nucleares tradicionales.
Meitner Energy forma parte del Ansari Group, una corporación internacional encabezada por Hamid Ansari, y cuenta con Invap como accionista con una participación del 40%.
El anuncio se conoció en un contexto complejo para el sector nuclear, marcado por los recientes despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde gremios y trabajadores denunciaron un proceso de ajuste y vaciamiento del organismo.
