El panorama judicial de Manuel Adorni sumó un frente crítico. Tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete a fines de junio en medio de sospechas por su evolución económica, un extenso relevamiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) ratificó que existen serias baches explicativos en las finanzas del exfuncionario y de su cónyuge, Bettina Angeletti.
El dictamen, remitido a primera hora al fiscal federal Germán Pollicita, no detalla un monto de dinero global remanente, pero sí establece observaciones técnicas precisas sobre los movimientos bancarios, consumos, deudas e inversiones del círculo íntimo de Adorni. El análisis abarcó minuciosamente el período iniciado en diciembre de 2023, momento en que el economista asumió cargos de primera línea en la administración pública.
El foco en las billeteras cripto y los cambios de declaración
La auditoría de la DAFI contrastó las presentaciones hechas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción con su actividad económica real. Semanas atrás, el exvocero presidencial había modificado de forma rectificativa sus balances de 2023 y 2024, manifestando un incremento patrimonial superior al 400%. Para justificarlo, argumentó públicamente que poseía fondos no declarados provenientes de una temprana inversión en Bitcoin entre 2013 y 2014 que le habría deparado ganancias por medio millón de dólares.
Sin embargo, los cruces de información solicitados a las principales plataformas de activos digitales —como Binance y Lemon— no expusieron correlación alguna entre los movimientos registrados en las billeteras digitales y los montos rectificados en sus papeles. A este escenario se añaden inconsistencias en la adquisición de inmuebles, tales como una vivienda en un barrio privado de la localidad de Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito, este último ligado a dudosas deudas particulares cruzadas.
Próximos pasos en Comodoro Py
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Pollicita utilizará el receso de la feria de invierno para procesar este informe técnico. El paso inmediato de la pesquisa consistirá en la emisión de un requerimiento formal de justificación patrimonial, una herramienta procesal clave en las causas de presunto enriquecimiento ilícito que obliga al investigado a aclarar el origen de sus activos.
De no mediar explicaciones contundentes por parte del exjefe de Gabinete durante las semanas posteriores a la feria, la fiscalía estará en condiciones de solicitar formalmente su llamado a declaración indagatoria. Dicha instancia procesal requerirá el visto bueno y la firma del juez federal Ariel Lijo, magistrado que comanda el expediente principal en los tribunales de Comodoro Py.
