El cobro ilegal del “plus médico” en Catamarca ha dejado hace años de ser una irregularidad aislada para convertirse en una norma fáctica que castiga el bolsillo de los pacientes.
Esta práctica, sistemática y arraigada, desgasta la confianza en el sistema sanitario y vulnera el derecho fundamental a la salud.
Los ciudadanos, atrapados entre la inacción estatal y las demandas corporativas, financian de forma directa y forzada las deficiencias de una estructura que debería protegerlos.
Frente a este escenario, las recientes declaraciones de Edgardo Varela, presidente del Círculo Médico, exponen la compleja trama detrás del conflicto. Desde la institución que nuclea a casi 900 profesionales, se argumenta que el plus es la consecuencia directa de un desfasaje arancelario crítico.
La corporación médica responsabiliza de forma directa al Gobierno provincial y, especialmente, a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) por mantener valores desactualizados.
El argumento central se sostiene en la clásica búsqueda de un “mínimo ético profesional”, un valor de referencia que consideran justo para la consulta ambulatoria y las prácticas quirúrgicas.
Varela sostiene que la inflación acumulada en los últimos meses pulverizó los ingresos médicos, tornando insostenible la atención bajo las condiciones actuales. A esto suma la demora en la cadena de pagos.
Todo muy lindo, pero el cobro de plus es ILEGAL, algo que no parecen terminar de entender. El paciente no es responsable de las negociaciones fallidas entre las entidades médicas y el Estado, ni de la burocracia financiera de OSEP.
Resulta contradictorio que el Círculo Médico declare que “no avala” estos pagos extras, pero al mismo tiempo los naturalice al tratarlos como una reacción inevitable ante los bajos aranceles.
Con ese criterio, cualquiera a quien no le alcance el sueldo está habilitado a robar. Y lo hacen en perjuicio de los más débiles: los pacientes, los enfermos, a quienes se obliga a pagar lo que se les antoja.
Condicionar la desaparición del plus exclusivamente a una recomposición económica por parte del Ejecutivo es, en la práctica, legitimar un robo a los pacientes que utiliza al afiliado como rehén y moneda de cambio.
La promesa de que si se paga lo debido “automáticamente va a dejar de existir este inconveniente” traslada toda la carga al Estado, eximiendo a los consultorios de la ilegalidad manifiesta de la práctica. Y se sigue castigando al enfermo, extorsionándolo para que meta la mano en el bolsillo para atenderlo.
El plus médico, vamos a decirlo las veces que sea necesario a ver si se entiende ES ILEGAL, viola las leyes vigentes y rompe el contrato social y solidario de la medicina.
La salud pública y privada no puede regirse bajo la lógica del sálvese quien pueda a costa del enfermo.
La solución definitiva no pasa solo por actualizar un nomenclador, sino por aplicar controles estrictos que garanticen el cumplimiento de la ley.
Si el sistema de obras sociales está roto, la salida debe ser estructural, institucional y transparente, nunca un peaje ilegal cobrado en la mesa de un consultorio.
El Estado falla, el sistema falla, y el que paga es siempre el más débil. Es injusto. Ah, y además es ILEGAL.
