El Gobierno pidió detener a manifestantes tras los incidentes frente al Congreso

Luego de la represión policial y los enfrentamientos registrados frente al Senado durante la marcha contra la Ley de Propiedad Privada, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal. En el escrito, solicitó identificar y detener a los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso.

La presentación fue realizada por los abogados Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, representantes de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Según el documento judicial, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado. El Ministerio sostuvo que estos hechos habrían sido cometidos con el objetivo de coaccionar a los poderes públicos.

Los incidentes ocurrieron durante una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas. El operativo de seguridad derivó en más de tres horas de represión y enfrentamientos en la vía pública.

Como consecuencia del accionar de las fuerzas federales y las corridas, hubo 12 personas detenidas, imputadas por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se registraron al menos cuatro heridos, entre ellos un fotoperiodista que cubría la protesta, un gendarme que fue trasladado al Hospital Churruca por un golpe en la cabeza y un prefecto que recibió asistencia en el lugar.

De acuerdo con la denuncia oficial, algunos sectores de la marcha arrojaron piedras y escombros luego de romper veredas y bancos públicos, lo que provocó daños en la infraestructura urbana y en patrulleros. Por este motivo, el Ministerio pidió preservar las cámaras de seguridad y citar al Gobierno porteño y al Congreso para evaluar el perjuicio económico.

La Ciudad de Buenos Aires calculó que los daños alcanzaron los $468 millones. De ese total, $130 millones corresponden a contenedores y limpieza, $270 millones a la destrucción del césped de la Plaza, $38 millones a equipamiento urbano y $30 millones a plantas.