La revelación de los aparentemente oscuros negociados entre Capresca y Centro Card cayeron como un balde de agua helada, porque rompe años de alianza entre el oficialismo y la poderosa empresa que maneja Facundo Prado, y porque el puñal por la espalda lo clavó otro aliado bien rentado del Gobierno como El Ancasti.
Si el tema crece puede explotar una guerra, porque se comenta que Prado había pedido protección cuando comenzaron a surgir los rumores y le prometieron que los amigos de El Ancasti lo cuidarían, pero lo terminaron prendiendo fuego.
Hoy los teléfonos ardieron con llamadas cruzadas, con reproches de todas partes y amenazas de destapar la olla: “Si me hundo yo los hundo a todos”, se gritó en Casa de Gobierno, mientras los legisladores de la oposición se frotan las manos de alegría porque les sirvieron el escándalo en bandeja.
Un viejo conocedor de los pasillos mediáticos aseguró que “El Ancatsi hace lo de siempre, pega para pedir más plata, pero esta vez se olvidó que entre bomberos no se pisan la manguera y se metieron con la gente equivocada”.
El problema con la olla destapada es muy grande. El rol de los organismos públicos debe ser siempre el resguardo del interés colectivo, no el alivio logístico de las empresas financieras.
Por eso, la reciente denuncia sobre la supuesta triangulación entre la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CAPRESCA) y la firma Centro Card en Catamarca enciende alarmas que el poder político no puede simplemente ignorar. Alguien tendrá que dar explicaciones.
La acusación expone una mecánica institucional distorsionada. Según el pedido de informes legislativo, el organismo oficial le habría cedido su código de descuento en los recibos de sueldo a una financiera privada.
El Estado actúa como el cobrador infalible de una corporación y falt transparencia: el empleado público ve retenido su dinero bajo el nombre de CAPRESCA, ocultando el verdadero destino de los fondos.
Si es así, se utilizaría la estructura pública para garantizarle el cobro a un privado, eliminando su riesgo comercial. ¿Y cuál es la cadena de favores? ¿Quiénes más se benefician? ¿Qué dice el contrato? ¿Por qué le pone esta “bomba” al Gobierno el medio que más cobra del Gobierno? ¿Quién traicionó a Facundo Prado? ¿Lo mandaron a la guillotina desde el mismo gobierno o desde El Ancasti?
En un contexto económico asfixiante, que las herramientas del Estado se desvíen para favorecer intereses particulares es inadmisible. Resulta urgente que el Poder Ejecutivo rompa el silencio y aclare los términos de este convenio. ¿Qué beneficio obtiene la provincia al transformarse en el agente de recaudación de Centro Card? ¿Por qué se prioriza el auxilio a una firma que, para colmo, arrastra deudas por tasas municipales esenciales?
Qué mal olor tiene todo esto…
El Catucho
