La reciente decisión del Ministerio de Educación de Catamarca, bajo la conducción de Verónica Soria, de ordenar el cierre bajo llave de los establecimientos escolares durante las horas de clase, representa un quiebre alarmante en la concepción de la educación como un derecho humano y un espacio democrático. Esta medida, lejos de garantizar la seguridad, transforma a las escuelas en búnkeres de aislamiento y disciplinamiento institucional.
Porque todos saben que lo que busca el ministerio es que no se vean los problemas, que no entre un legislador a ver baños inmundos o ventanas rotas, o alumnos en malas condiciones. Es poner todo torpemente bajo la alfombra y ordenar silencio.
Ante la incompetencia y la incapacidad para solucionar problemas, lo que se hace es cerrar las puertas y prohibir que se hable.
Es inadmisible que una institución que debe su esencia a la comunidad decida clausurar sus accesos, condicionando el ingreso de cualquier persona externa a una autorización jerárquica expresa. La escuela pública siempre se caracterizó por ser un espacio de puertas abiertas, de encuentro social y de construcción colectiva. Al cerrarla con llave, el Gobierno provincial rompe ese lazo histórico y vulnera los principios elementales de transparencia y participación ciudadana.
Esta controvertida disposición no se da en un vacío, sino que coincide de manera deliberada con una brutal política de ajuste presupuestario. El sindicato SUTECa, liderado por Juan Godoy, denunció con justa razón que la medida se implementa en simultáneo con el vaciamiento de la planta de personal de maestranza, auxiliares y portería. La falta de cobertura de vacantes por jubilaciones deja desprotegidos los accesos legítimos de las escuelas, y el Ministerio pretende tapar este déficit estructural recurriendo al autoritarismo de los candados.
Convertir el espacio escolar en un recinto restrictivo y verticalista persigue un claro objetivo: el disciplinamiento funcional. Al prohibir el libre acceso, no solo se aleja a las familias de la realidad diaria de sus hijos, sino que se intenta bloquear de manera sistemática cualquier tipo de control edilicio y social, coartando incluso la labor de legisladores y limitando la libertad de prensa de los equipos directivos ante las falencias cotidianas.
Cuando la seguridad se confunde con el encierro forzado y la desconfianza hacia la propia comunidad, la política educativa pierde su rumbo. Un aula que necesita cerrarse con llave para funcionar de espaldas a la sociedad es el síntoma inequívoco de una gestión que ha claudicado en su rol de generar consensos y garantizar el bienestar general.
¿Qué vendrá después siguiendo el Método Soria? ¿Prohibimos la entrada a hospitales para que nadie vea ni hable de los problemas de la salud? Una vergüenza.
