El Gobierno nacional giró al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral que propone cambios de fondo en el sistema político. La iniciativa incluye la eliminación de las PASO, la incorporación de la llamada “Ficha Limpia”, la implementación de la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para el financiamiento y la campaña.
Desde la Oficina del Presidente plantearon que el objetivo es “corregir un sistema viciado de raíz”, con la idea de reducir costos, mejorar la transparencia y fortalecer la representación política.
Uno de los ejes más sensibles es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De avanzar el proyecto, cada partido deberá definir sus candidaturas con mecanismos propios. El presidente Javier Milei cuestionó el sistema actual y lo calificó como un “experimento fallido”, al sostener que no resolvió internas relevantes y que implicó un gasto millonario para el Estado.
En paralelo, el texto endurece las condiciones para crear y sostener partidos políticos. Se exigirá reunir afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito en un plazo acotado y se fijan nuevas causales de pérdida de personería, como no participar en dos elecciones consecutivas o no alcanzar un piso mínimo de votos. También se requerirá mantener la cantidad de afiliados y realizar elecciones internas periódicas.
El proyecto apunta, según el Gobierno, a terminar con los llamados “sellos de goma” y modernizar el sistema con herramientas como la afiliación digital.
Otro punto clave es la incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa impide que sean candidatos —y también funcionarios— quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del cierre de listas. Además, se creará un registro público bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral para sistematizar esa información.
En materia de votación, se consolida la Boleta Única de Papel con un diseño estandarizado, que incluirá fotos de los candidatos y opciones para elegir por categoría o lista completa.
El proyecto también redefine las reglas de campaña: fija un plazo de 60 días antes de la elección, aunque habilita la publicidad política en medios y plataformas digitales por fuera de ese período. A su vez, prohíbe actos de gobierno que puedan influir en el voto en los 25 días previos a los comicios.
En cuanto al financiamiento, se refuerzan los controles sobre los aportes, con mayores restricciones a las donaciones, límites más estrictos al financiamiento privado y exigencias de transparencia, incluyendo reportes periódicos y monitoreo de cuentas bancarias y campañas digitales.
El Gobierno justificó estos cambios al señalar que gran parte del dinero que circula en campañas no está registrado y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema más transparente y trazable. Además, abre la puerta a que los partidos puedan prescindir completamente del financiamiento estatal si optan por sostenerse con aportes privados.
El proyecto ahora comenzará su recorrido en el Congreso, donde se anticipa un debate intenso por el alcance de las modificaciones propuestas.
