A un mes de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, la Justicia federal volvió a poner un freno sobre algunos de sus puntos más sensibles. En esta oportunidad, el Juzgado Federal N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspendió por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la norma, al hacer lugar a un planteo presentado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
La resolución ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios colectivos y que fijaban nuevos topes a los aportes sindicales. En concreto, el fallo deja sin efecto de manera provisoria dos aspectos centrales del nuevo esquema: por un lado, la continuidad de los convenios colectivos una vez vencidos hasta que se firme uno nuevo; por otro, el límite del 2% sobre los salarios para los aportes sindicales.
Se trata del tercer revés judicial que recibe la reforma laboral desde su sanción. Según reconstruyen distintos medios, este nuevo fallo se suma a otras resoluciones que ya habían frenado artículos puntuales de la ley, en un escenario de creciente judicialización impulsado por sindicatos y centrales obreras.
La nueva cautelar fue impulsada por FAECYS, el gremio que conduce Armando Cavalieri, que cuestionó el impacto que tendrían los cambios sobre la negociación colectiva y sobre el financiamiento de las organizaciones sindicales. Desde el sector remarcaron que la suspensión “garantiza la plena validez” de los convenios vigentes, entre ellos el CCT 130/75 y sus acuerdos derivados, al menos mientras dure la medida provisoria.
El fallo adquiere especial relevancia porque alcanza dos puntos que habían sido incorporados como parte de la reestructuración del sistema laboral promovida por el oficialismo. La Ley 27.802 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, por lo que su entrada en vigencia abrió de inmediato una serie de presentaciones judiciales contra artículos considerados inconstitucionales por distintos sectores gremiales.
En paralelo, la discusión judicial ya había tenido otros capítulos. Días atrás, la CGT sufrió un revés en el fuero contencioso administrativo cuando la Justicia rechazó una cautelar que buscaba suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley, vinculados a la transferencia de competencias de la Justicia laboral nacional a la órbita porteña. Ese expediente, sin embargo, sigue abierto en el marco de una acción de amparo más amplia.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir la litigiosidad, modernizar el empleo privado y flexibilizar esquemas de contratación, los sindicatos insisten en que varios de sus artículos implican una regresión de derechos laborales históricos. Por eso, la batalla por la ley ya no se limita al Congreso: ahora se traslada con fuerza a los tribunales, donde varios de sus puntos más controvertidos comienzan a quedar bajo revisión.
