Julieta Makintach, la jueza que fue recusada del juicio oral por la muerte de Diego Maradona, atraviesa el momento más crítico de su carrera. La revelación de que participó en un documental sobre el caso mientras aún dictaba sentencia como magistrada encendió las alarmas del Poder Judicial y desató una serie de pedidos de juicio político en su contra. Ya suman más de cinco en menos de una semana.
El más reciente fue presentado por el Colegio de Abogados de San Isidro, que emitió un duro comunicado en el que anunció su decisión de constituirse como denunciante formal. “A partir de los graves hechos que son de público conocimiento, promovemos el juicio político de la Dra. Makintach en defensa de la correcta Administración de Justicia”, expresó la institución, que ya logró la destitución de siete jueces por mal desempeño.
A esta denuncia se sumaron otras presentaciones: la de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona; la de la defensa del custodio Julio Coria, detenido durante el juicio por presunto falso testimonio; y las impulsadas por bloques legislativos tanto de La Libertad Avanza como de Unión por la Patria. También intervino la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a través de su representante Fernando Míguez.
La jueza, además, fue suspendida de su cargo docente en la Universidad Austral, donde dictaba clases de Derecho Penal. La casa de estudios inició un sumario administrativo para determinar su responsabilidad en los hechos conocidos.
En paralelo, la investigación penal contra Makintach avanza en la Fiscalía N.º 1 de San Isidro, que ya recibió todas las pruebas vinculadas al documental “Justicia Divina”, el cual generó la controversia. La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y es llevada adelante por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.
Frente a este escenario, la Suprema Corte bonaerense resolvió girar el expediente al procurador general Julio Conte Grand, máxima autoridad del Ministerio Público, para que evalúe si corresponde iniciar el proceso de juicio político. Conte Grand ya recibió el material probatorio y tiene un plazo de 15 días para decidir si las acciones de Makintach constituyen faltas administrativas o delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o malversación.