El viernes por la tarde, Alberto Ariaudo, un funcionario del municipio de Catriel, en Río Negro, fue filmado por las cámaras de seguridad mientras amenazaba a la intendenta local, Daniela Salzotto, y a otros empleados con un arma de fuego. Este incidente se enmarca en una serie de amenazas que Ariaudo había proferido durante más de un mes, motivadas por diferencias de gestión. Aunque las amenazas previas se habían realizado a través de WhatsApp y en persona, nunca antes había llegado a utilizar un arma, como sucedió el día del altercado.
El conflicto se originó a raíz de un proyecto de ordenanza relacionado con los controles de consumo de sustancias ilegales, una iniciativa que Ariaudo rechazaba. Tras la amenaza, el funcionario fue denunciado y detenido, aunque en el allanamiento de su domicilio no se halló el arma utilizada. Ariaudo pasó la noche en una celda y, al día siguiente, se presentó en una audiencia judicial donde se le formalizaron los cargos.
La fiscalía lo acusó de “coacción agravada”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil”. Sin embargo, Ariaudo se mostró arrepentido y ofreció su renuncia al Concejo Deliberante. En un giro en su defensa, Ariaudo optó por colaborar con la investigación y renunció a su puesto para evitar una prisión preventiva.
El fiscal jefe, Gustavo Herrera, destacó que el funcionario priorizó lo institucional y evitó que el conflicto escalara aún más. Como parte de las condiciones judiciales, Ariaudo deberá mantener domicilio fijo y presentarse ante la justicia semanalmente, además de respetar una prohibición de acercamiento a la intendenta, el municipio y el Concejo Deliberante por al menos 300 metros.