Karina Andrade, la jueza que ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante los incidentes del miércoles pasado en el Congreso, defendió este viernes su decisión, asegurando que no fue una medida impulsiva. “No fue una decisión trasnochada, fue en el marco de priorización de derechos. Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, expresó la magistrada.
En una entrevista con Urbana Play, Andrade explicó que su enfoque se centró en el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, derechos consagrados en la Constitución Nacional, por encima de los antecedentes penales de los detenidos. “Lo único que importaba era si tenía un pedido de captura. Si tenían antecedentes, eso forma parte de la investigación, y la Fiscalía será la encargada de determinarlo”, aclaró la jueza.
La decisión de Andrade generó un fuerte rechazo por parte de funcionarios del Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta en X para calificarla de “juez garantista” y la acusó de ser “cómplice” de quienes, según ella, buscan “desestabilizar” al Gobierno nacional. Además, el presidente Javier Milei también se expresó en contra de la jueza a través de un mensaje del abogado y exdiputado Alberto Asseff, quien la calificó como una “puerta giratoria para violentos” que intentan causar estragos.
Andrade, por su parte, insistió en que las detenciones fueron realizadas sin cumplir con los procedimientos establecidos, en un contexto de ejercicio legítimo de un derecho constitucional, y no en una situación delictiva. Añadió que algunos de los detenidos llevaban armas, y estos continúan bajo custodia en el marco de otra investigación.
En respuesta a la polémica, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que se evaluará la actuación de Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, por un posible “incumplimiento de sus funciones”.