Los movimientos de izquierda y la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) han anunciado la convocatoria de un “piquetazo nacional” para el próximo lunes 18 de marzo, en medio de las deliberaciones del Gobierno nacional sobre posibles medidas para combatir los piquetes.
Bajo la consigna “El hambre no espera”, los manifestantes tienen previsto bloquear cinco puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, incluido el Puente Pueyrredón, a partir de las 10 de la mañana. Además, se han anunciado “más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país”.
Las demandas principales de estas organizaciones incluyen la distribución de alimentos para los comedores comunitarios y aumentos en los planes sociales. Asimismo, expresan su rechazo a la eliminación del programa Potenciar Trabajo.
Protocolo antipiquete vs. derecho a la protesta
En respuesta a estas acciones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha anunciado la aplicación del protocolo antipiquetes, con la intención de desalojar a los manifestantes que bloqueen calles, avenidas y puentes.
Paralelamente, el Ejecutivo está considerando la inclusión de una cláusula que permitiría la suspensión inmediata de los beneficios de los planes sociales para aquellos que participen en piquetes o actos de violencia y disturbios públicos.
El borrador de esta normativa, contenido en el expediente “Referencia: EX-2024-23928359- -APN-SSGA#MCH – ANEXO I – LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO”, con fecha del 11 de marzo, ha generado controversia en los últimos días. Según el artículo 16 de los requisitos del programa “Volver al Trabajo”, aquellos beneficiarios que participen en actos de violencia o alteren el orden público podrían ser suspendidos inmediatamente.
Sin embargo, el proceso de aprobación de esta medida se ha visto interrumpido por el reciente desplazamiento del ex secretario de Trabajo, Omar Yasín, debido al escándalo relacionado con los aumentos de sueldos a cargos jerárquicos del Gobierno. Ahora, la revisión de esta propuesta queda en manos del nuevo titular de la cartera, Julio Cordero.
Reestructuración de los planes sociales
En paralelo a estas discusiones, el Gobierno ha implementado los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, y ha eliminado las 304 unidades de gestión, en un esfuerzo por eliminar la intermediación entre los beneficiarios y las organizaciones sociales.
Según el Ministerio de Capital Humano, esta medida busca establecer una relación más directa con los beneficiarios, eliminando la necesidad de que una organización social supervise el cumplimiento de la contraprestación para recibir los pagos de los planes sociales.