El concejal Christian Perea Ansinelli advirtió sobre la falta de implementación de organismos creados por ley para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Catamarca. Señaló que, pese al paso de los años, la provincia todavía no puso en funcionamiento la Defensoría Provincial de la Niñez ni el Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia.
Durante su intervención, el edil recordó que en agosto de 2013 se sancionó la Ley Provincial N.º 5357 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció la creación de un Defensor Provincial de la Niñez. Se trata de un organismo independiente y con autonomía, cuya función es controlar que el Estado garantice el cumplimiento de los derechos de las infancias.
Sin embargo, Perea Ansinelli remarcó que, a 13 años de su sanción, el organismo todavía no está en funcionamiento. Según explicó, el proceso de selección se realizó, hubo un concurso público, ganadores y una designación por parte de la Comisión Bicameral, pero el cargo nunca llegó a ponerse en funciones.
En ese sentido, indicó que, de acuerdo con la explicación del oficialismo, la falta de asignación de fondos por parte del Poder Ejecutivo provincial impidió poner en marcha la Defensoría.
“Pasaron 13 años de una ley que nadie hace cumplir. Es un Defensor de papel”, cuestionó.
El concejal también mencionó otra deuda institucional: el Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia, creado por ley en 2006, que tampoco se encuentra en funcionamiento, pese a que transcurrieron dos décadas desde su creación.
Falta de estadísticas actualizadas sobre vulneración de derechos
En su exposición, Perea Ansinelli también puso el foco en la falta de información actualizada sobre las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan niñas, niños y adolescentes en la provincia.
Al respecto, mencionó estadísticas de la Corte de Justicia sobre imputaciones por abuso sexual, cuyos registros disponibles llegaban hasta 2020. Según advirtió, actualmente no existen datos actualizados ni estadísticas discriminadas por municipios que permitan conocer la dimensión de estas problemáticas.
“Si un Estado que no cuenta a sus chicos vulnerados es un Estado que eligió no mirarlos”, expresó.
Finalmente, vinculó esta situación con la entrada en vigencia de una nueva legislación penal juvenil que permite juzgar a adolescentes a partir de los 14 años, y planteó una contradicción entre las herramientas destinadas al castigo y las políticas de protección.
“Para castigar el Estado está a tiempo, pero para proteger sigue llegando tarde”, concluyó.
