La Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo de la fiscal Paola González Pinto y de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, investiga hechos de hostigamiento hacia una adolescente que fueron relatados en un video publicado en redes sociales.
Según informó el Ministerio Público, la causa se inició a partir de una presentación realizada por la Asesoría de Menores. En ese marco, la fiscal dispuso medidas de resguardo para la adolescente y el secuestro de evidencia digital vinculada con los hechos denunciados.
Además, existen otras actuaciones en trámite ante el fuero penal juvenil, que se desarrollan bajo la reserva legal correspondiente para proteger la intimidad de las personas menores de edad. En ese ámbito, la adolescente cuenta con medidas de protección y acompañamiento.
Denunciaron amenazas y difusión de datos personales
En paralelo, entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, la Fiscalía recibió denuncias de familiares y allegados de la joven investigada, quienes manifestaron haber sido víctimas de amenazas de muerte y de violencia sexual.
De acuerdo con las presentaciones, las intimidaciones se habrían realizado mediante llamadas telefónicas, mensajes y publicaciones en redes sociales. También denunciaron el envío de imágenes violentas y la difusión de domicilios y números de teléfono con el objetivo de intimidarlos.
Ante esta situación, la fiscal ordenó medidas de resguardo para todas las personas denunciantes y les solicitó que informaran sus domicilios para implementar rondas policiales preventivas. Asimismo, dispuso la preservación de la evidencia digital y requirió informes sobre los mensajes denunciados.
Investigan el origen de las amenazas
Desde la Fiscalía señalaron que cada uno de los hechos denunciados será investigado con el objetivo de identificar a sus responsables, incluso en los casos en que se hayan utilizado perfiles falsos o anónimos.
En ese sentido, advirtieron que amenazar a una persona o difundir sus datos personales con fines intimidatorios puede constituir un delito.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó a la ciudadanía que se abstenga de compartir el video, imágenes, nombres o cualquier otro dato personal de las personas involucradas. La circulación de ese material, remarcaron, puede agravar el daño, exponer a quienes ya son víctimas y no contribuye al esclarecimiento de los hechos.
